Por Giovanni E. Reyes (*)

SOFOCANTE,  sin lugar a dudas, es el contexto que crecientemente debe enfrentar la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (1966 -) al menos desde los últimos ocho meses. De allí su necesidad de encontrar una fuente al menos provisional de oxígeno, lo que se traduciría en un logro llamativo –que es realmente muy difícil de alcanzar ahora- o al menos una distracción persuasiva. 

No obstante el escenario está cargado de densos nubarrones.  Muchos factores se ciernen contra la credibilidad del gobierno de Peña Nieto, todo ello, a pesar de la intensa dosis de frivolidad en los medios de comunicación.  Pero allí están como pruebas, los hechos circunstanciales en torno a ejecuciones extrajudiciales de estudiantes, de campesinos, los rumores de corrupción y de involucramiento de las fuerzas del orden en sangrientos hechos represivos, para no mencionar lo último: la peliculesca fuga de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera (1954 -).

En medio de ello, hay también otro resbalón, más en materia económica.  Se trata de lo infructuoso que ha resultado el intento de concretar la privatización de 14 campos petrolíferos que se ofrecieron para tal fin a mediados de julio de este año.  El gobierno tenía en perspectiva recaudar unos 18,000 millones de dólares producto de la privatización.  Se trataba de un acto mediante el cual se concretaba el esfuerzo de abrir la estatal petrolera Pemex a la participación de fondos externos.

El camino para llegar hasta allí había sido por demás escabroso.  Desde la administración del Presidente Vicente Fox (2000-2006) se habían hecho intentos de privatización.  Muchos de ellos en el contexto de la embestida neoliberal que se había instalado en Latinoamérica en especial desde inicios de los años ochenta con la administración de Ronald Reagan (1981-1989) desde la Casa Blanca, y el apoyo, determinante por cierto, de organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) el grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por supuesto que la privatización de Pemex ha constituido un sazonado plato toda vez que sus ingresos brutos el año pasado, reportados por la prensa mexicana, ascendían a unos 80,000 millones de dólares. Lo que se traduce en un ingreso de unos 220 millones de dólares por día.  Un buen atractivo para las privatizaciones que buscan el “lomito” de las empresas de gobierno.

Sin embargo los resultados del intento de privatización de los 14 campos fueron deprimentes.  Solo se adquirieron dos de ellos.  De los 18,000 millones de dólares que se habían proyectado de ingresos, se obtuvieron 2,000 millones.  Las causas que se adujeron se centran en los bajos precios del crudo, en las perspectivas de los precios en mercados de futuros y opciones, en la estrategia de precios mundiales sobre los que no se prevé un repunte inmediato, en especial luego de los acuerdos con Irán.     

De manera general, las privatizaciones pueden traer eficiencia, siempre que sean un medio para generar empresas que promuevan acceso a bienes y servicios de calidad, que contribuyan a ampliar la demanda efectiva interna de los países, siendo entidades eficaces en los resultados, eficientes en el uso de los recursos y efectivas, en cuanto a tener efectos en los tiempos que se requieren.  Es decir resultados oportunos.

La privatización o el mantenimiento de las organizaciones como entidades públicas debe estar más en función de su desempeño, de la transparencia operativa, que, obviamente de las tendencias -potenciales o manifiestas- de corrupción.  Esta última, no está de más reiterarlo, estropea significativamente la asignación de recursos y fomenta un “rentismo” de dineros mal habidos de donde se han favorecido no sólo funcionarios públicos sino también empresarios privados.  La corrupción beneficia con considerable facilidad a lado y lado.

En medio de todo este bullicio de importantes problemas que van cercando al gobierno mexicano, se está colando, como debajo de la mesa, una dificultad que puede emerger de manera tan intempestiva como dramática: la deuda externa mexicana.  No se menciona, pero su presencia es indiscutible. 

De conformidad con cifras últimas, publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México tenía una deuda externa total de 128,288 millones de dólares en 2005.  Para 2014 la deuda ascendía a US$279,000 millones. 

Con privatización o no del petróleo, los problemas más de fondo están allí.  Es cierto, el petróleo es un producto que se reconoce como un bien estratégico en la canasta del consumo mundial, el cual responde a un mercado cautivo, que no requiere de mercadeo, que se lo arrebatan los consumidores en los mercados internacionales. 

Sin embargo es evidente: la semilla de las amenazas económicas está allí.  Como parte del corazón de esa simiente, la deuda externa mexicana se ha más que duplicado en los pasados diez años.  Ha subido en ese lapso 117 por ciento. 

No se tiene problema, por ahora, porque México se porta bien.  Paga a tiempo.  Si deja de hacerlo entonces  la noticia salta a los titulares de prensa: se habrá generado un problema para los acreedores.  Y todos ya sabemos lo que ocurre con las ilustraciones más recientes.  La tragedia económica en Grecia es elocuente: tan imparable como devastadora.

(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.