El presunto capo del narcotráfico Walid Makled, juzgado actualmente en Venezuela, rompió su silencio para afirmar que el ex magistrado Eladio Aponte, que develó supuestos nexos de altos funcionarios con la droga, era su socio y le pagaba 70 millones de dólares al mes.

Aponte "era socio mío en (la aerolínea) Aeropostal (...) le pagaba 300 millones (de bolívares) mensuales (70 millones de dólares)", dijo Makled, sin dar más detalles, al ingresar en el Palacio de Justicia, donde es procesado por los delitos de narcotráfico, sicariato y lavado de dinero.

La breve declaración del presunto capo de la droga, quien habló por primera vez con la prensa desde que se inició su juicio el 9 de abril, fue difundida por la televisora oficial VTV, que lo abordó cuando ingresaba al tribunal.

Aponte, que el 20 de marzo fue destituido por la Asamblea Nacional por supuestamente suministrar credenciales a Makled, desató un revuelo en Venezuela tras revelar la semana pasada supuestos casos de manipulación judicial y nexos de funcionarios venezolanos con la droga.

El ex magistrado, que rechaza las acusaciones en su contra, afirmó en una entrevista en Estados Unidos, donde podría estar colaborando con la agencia antidrogas norteamericana, la DEA, que recibía "órdenes desde la Presidencia para abajo" para "favorecer y manipular casos".

También admitió conocer a Makled y haber hecho favores a funcionarios del gobierno vinculados con la droga y la guerrilla.

En respuesta, el presidente venezolano, Hugo Chávez, tildó el lunes a Aponte de "delincuente", mientras el gobierno pidió a Interpol emitir una orden de captura en su contra.

Makled, miembro de una adinerada familia en el país y considerado por la justicia estadounidense como "un capo de los capos de la droga", fue extraditado en mayo de 2011 de Colombia, donde fue capturado en agosto de 2010.

A su familia se le confiscaron bienes y empresas en 2008, entre ellas la aerolínea Aeropostal.

Cuando estaba detenido en Colombia, Makled dijo tener en su poder "pruebas contundentes" que implicaban a altos militares y funcionarios del gobierno en sus negocios. Asimismo afirmó haber financiado una campaña de Chávez a cambio de la concesión de las operaciones del terminal marítimo de Puerto Cabello.

El gobierno venezolano siempre ha refutado las acusaciones del presunto narcotraficante.