Un incremento en el área cultivada de coca se habría registrado entre 2012 y 2013, pasando de 78.000 hectáreas a 80.000, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.

Las cifras contrastan con las divulgadas hace solo quince días por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de Naciones Unidas, en las que la superficie dedicada en 2013 al cultivo de coca fue de 48.000 hectáreas, la misma que en 2012.

Como se ve se trata de cifras muy diferentes, seguramente debido al método de medición. Ya una polémica sobre dichos métodos se dio en 2009, cuando Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, les pidió a Estados Unidos y a Naciones Unidas que unificaran los métodos de medición de las áreas de cultivos ilegales en Colombia de tal manera que "año tras año se puedan realizar las mediciones y respectivas comparaciones y así determinar cómo vamos en la lucha contra el narcotráfico".

Santos se manifestó en un certamen en el que también estaba el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, quien declaró a los periodistas que "es necesario revisar" los sistemas de medición de las áreas de cultivos ilegales para que las cifras "sean más precisas".

El último informe

El divulgado ayer es el Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2015 que cada año prepara el Departamento de Estado para el Congreso norteamericano en cumplimiento de la Ley de Asistencia Exterior, describiendo los esfuerzos de los países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas.

Como ya se dijo, el informe reportó el incremento de los cultivos, pero también el declive de la cocaína que puede ser producida, que pasó de 195 toneladas en 2012 a 170 en 2013.

Sobre las acciones para combatir el cultivo, la producción y el comercio, el informe da cuenta de que se erradicaron 67.234 hectáreas sembradas con coca, cumpliendo Colombia con el objetivo de erradicación aérea, pero quedándose corta en la meta prevista para erradicación manual (11.700 frente a las 14.000 presupuestadas).

Los decomisos registrados fueron de 207,4 toneladas métricas de cocaína y de 301 de marihuana, así como de 349 kilos de heroína. Habrían sido destruidos 2.419 laboratorios para el procesamiento de cocaína.

A pesar de estos esfuerzos, Colombia siguió siendo el país productor del 90 por ciento de la cocaína que se decomisa en Estados Unidos.

Lavado de activos

De acuerdo con el informe, el lavado de dinero, principalmente proveniente del tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, sigue penetrando en la economía y afecta las instituciones financieras.

El lavado de dinero es una importante vía de financiación del terrorismo en las zonas geográficas controladas tanto por las Farc y las bandas criminales (Bacrim).

Negocios como los casinos y otros juegos de azar (como el chance), los giros, el contrabando (de gasolina, licor, electrodomésticos), las transferencias electrónicas, el mercado de valores y la venta de minutos a teléfonos celulares serían algunos de los utilizados para nacionalizar las ganancias del narcotráfico.

De acuerdo con el informe, hasta octubre de 2014 la Fiscalía tenía en proceso a 46 personas por delitos de lavado de activos, mientras que la justicia había logrado condenar a 57 responsables de delitos relacionados con esa actividad.

Para los redactores del informe, a pesar de estos pasos positivos institucionales para enfrentar el lavado de activos, el marco legal requiere que todos los casos sean investigados, creando un desafío dado el número limitado de los fiscales que se concentran en los casos más graves. La mala asignación de los recursos de formación habría limitado el grupo de fiscales, policías e investigadores fuera de Bogotá que tienen la capacidad de investigar y perseguir los casos con éxito. Se requiere capacitación adicional y los investigadores deben tener una formación financiera especializada adicional. Colombia debe aumentar el número de jueces específicamente asignados a lavado de dinero y la confiscación de bienes de los casos, tanto en Bogotá como en las regiones en las que muchos de estos casos ocurren.

En 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) implementó una metodología de evaluación para generar resultados tangibles en forma proactiva en la identificación de las redes de lavado de activos criminales. Esta metodología permitió, durante un período de dos años, detectar bienes ilícitos relacionados con 251 investigaciones, con un valor comercial aproximado de 4.400 millones de dólares. En 2013, Colombia se apoderó de más de 800 millones de dólares de los activos asociados a las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, más del doble del valor de los bienes incautados en 2012.

JIFE

La JIFE, un órgano autónomo del sistema de Naciones Unidas, recordó a comienzo del mes que el área cultivada de coca se mantuvo igual, como ya se citó, entre 2012 y 2013, luego de un fuerte descenso entre 2011 y 2012 de 25 por ciento.

Según la JIFE, las medidas del Gobierno “pueden haber contribuido a que la actividad se concentre en determinadas regiones”, ya que cinco de los 27 departamentos con historial de cultivo concentraron las tres cuartas partes de todo el crecimiento.

Para la JIFE, la reducción de cultivos es uno de los indicadores que apunta “a que en los últimos años la oferta mundial de cocaína procedente de América del Sur se ha reducido en tal medida que puede tener un efecto tangible en los principales mercados de consumo”.

Así, se estima que la disponibilidad de esta droga en los mercados de Europa occidental y, sobre todo, de Estados Unidos “sigue siendo considerablemente inferior a la que había cuando se alcanzó la cota más alta, alrededor de 2006”.

Colombia: ejemplo

Entre los informes de la JIFE y el Departamento de Estado, se realizó en Viena el Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes 2015.

Allí, durante un encuentro con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Yuri Fedotov, reconoció la importancia de Colombia como líder mundial en programas de desarrollo alternativo y destacó los logros de esta estrategia en la lucha contra las drogas.

Por medio de la Alianza del Buen Gobierno, de la cual hace parte esta Oficina de las Naciones Unidas, la Unidad para la Consolidación Territorial y el Ministerio de Justicia, se apoyan actualmente 63 proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en los territorios con más presencia de matas de coca. La inversión durante los últimos cinco años ha sido de casi 9.000 millones de pesos.

Ya en las sesiones, el ministro Reyes pidió replantear la agenda de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2016 (Ungass 2016), ya que, dijo, “no propicia un debate amplio y franco” de la problemática.

“Si todo el proceso preparatorio que se está adelantando en la Comisión de Estupefacientes se va a cerrar aquí, en un documento que la Asamblea Especial debe limitarse a endosar, estaremos perdiendo una preciosa oportunidad para mejorar el rumbo que llevamos”, cuestionó el alto funcionario colombiano.