Los ministros de Defensa e Interior reiteraron su pedido al Congreso para expedir una ley estatutaria con este propósito. Sectores de oposición y miembros de organizaciones sociales rechazan la iniciativa

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Los disturbios ocurridos esta semana en varios sectores de Bogotá, debido a enfrentamientos entre estudiantes de varias universidades y el Esmad, volvieron a poner en la agenda pública la propuesta de regular la protesta social.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien desde antes de su posesión ha manifestado la necesidad de este tipo de regulación, insistió en varias entrevistas en señalar que el Congreso de la República debería trabajar en una ley estatutaria que garantice el derecho a las manifestaciones, pero de manera pacífica.

“Es muy importante que el Congreso emprenda la discusión de esa ley estatutaria. Eso no hace que se evite el vandalismo, pero la protesta social debe ser pacífica y no puede afectar la movilidad de los demás porque la obstrucción de vía pública es un delito consagrado en el Código Penal”, dijo.

Para el Ministro se necesita una regulación firme que penalice actos de alteración de orden público y no permita que un manifestante pueda hacer lo que quiera. “Me cayeron rayos y centellas. Yo pienso que en la medida que ha venido pasando el tiempo, se ha venido confirmando la tesis de que es absolutamente indispensable tener una legislación”, dijo.

“Eso es lo que sucede y lo importante que yo he dicho en épocas pasadas es que se debe recordar que los artículos de la protesta social que tenía la ley 1801 sobre convivencia y seguridad hoy en día no están vigentes porque la Corte Constitucional dijo que requerían una ley estatutaria”, añadió.

Manifestó que en dicha regulación de la protesta “puede haber unas condiciones de agravación punitiva cuando se ataque a un servidor público si esta es persona integrante de las fuerzas”. “No es de buen recibo por parte de la ciudadanía como se agrede a la fuerza pública, al servidor público, como se trata en algunos casos de incendiarlos, de quemarlos”, sostuvo.

En relación con la autonomía universitaria, el Ministro dijo que el Congreso y la Corte Constitucional tendrían que analizar hasta dónde va esta y hasta dónde va la fuerza pública si se registra una alteración de orden público.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también se manifestó a favor de una regulación. “Es necesario hacer una ley estatutaria, el Ministro de Defensa lo ha reiterado y consideramos que eso hay que llenarlo en algún momento”, expresó.

La jefa de la cartera política habló de la existencia de una iniciativa que busca regularla la protesta. "Esperamos poder coordinar a efectos de poderla presentar. Es una ley estatutaria que requiere un trámite especial en el Congreso", sostuvo.

Desde el uribismo han defendido la iniciativa. El senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, afirmó que “ojalá el Gobierno implemente pronto la regularización de la protesta social, para que todo acto vandálico sea castigado con severidad, y si es cometido por ‘estudiantes’, que las universidades tomen las medidas correspondientes como el retiro del cupo”.

Por su parte, Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, uno de los centros de estudios afectados por los disturbios, afirmó que “la protesta social está admitida en la Constitución, pero no la violencia utilizada en la protesta social. El ingreso a las oficinas administrativas de la universidad donde opera la rectoría con taladros y tumbando puertas es un ejercicio que va contra la democracia y va contra el Estado de Derecho, de manera que es inadmisible”.

Por redes sociales, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó que se pretenda poner a la fuerza pública “en el paredón de los acusados” frente al vandalismo. “Se equivocan en materia grave quienes pretenden poner ahora al Esmad y a la fuerza pública en el paredón de los acusados frente al vandalismo, atropellos y anarquía que pretenden algunos en nombre del derecho a la protesta social. Primero el derecho de la sociedad a vivir en paz”, manifestó.

Críticas

Dirigentes de centrales obreras criticaron la propuesta. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, calificó como “muy grave” cualquier intento que se haga desde el Gobierno “de ponerle condiciones a las protestas, que son un legítimo derecho constitucional que tienen los ciudadanos”.

Afirmó que la iniciativa “tiene tintes dictatoriales y nos preocupa mucho porque ese es un lenguaje que ha querido tomar fuerza en el país no solo por parte de sectores del Gobierno, sino por fuerzas afines al mismo y creo yo que son muy retardatarios sobre el concepto de lo que es la democracia”.

“Nosotros rechazamos rotundamente cualquier intento que se quiera hacer en Colombia de elaborar, presentar o producir reformas que limiten la posibilidad a los ciudadanos de expresarse. La expresión de los ciudadanos como lo podemos ver a diario en todos los medios de comunicación en todo el mundo, muestra la fortaleza o la debilidad de las democracias”, sostuvo.

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, rechazó la iniciativa de crear grupos de choque para controla manifestaciones. “Yo creo que el doctor Botero, que hasta donde yo lo conocí era un demócrata, no puede lanzar semejantes expresiones de pelotones o grupos de choque para enfrentar a quienes en un momento dado protestan, es una medida muy poco inteligente”, manifestó.

Indagación

El procurador Fernando Carrillo manifestó su rechazo a los actos vandálicos y solicitó abrir una indagación. “Hemos encargado en la procuraduría distrital que inicie una indagación. Por supuesto usted sabe que hay unos protocolos a seguir, unas reglas del juego. Si hubo algún tipo de conducta de carácter delictivo por parte los manifestantes hay que investigarlo. Si hubo algún tipo de exceso por parte de la Fuerza Pública hay que hacer también, yo no me quiero anticipar a algún resultado. Pero estamos muy atentos a que no se repitan estos hechos”, explicó. Dijo que es necesario evitar que estos actos afecten la tranquilidad de los ciudadanos, pero a la vez pidió a las autoridades desarrollar las acciones que vayan acorde a los estatutos legales.

Decisión de la Corte

El Gobierno basa la propuesta de regulación de protesta en varios artículos del Código de Policía que fueron declarados inexequibles en 2017 por la Corte Constitucional.

La Corte determinó en su fallo que el capítulo VI del Código de Convivencia limitaba el derecho a la reunión y a la protesta, las cuales constituyen un derecho fundamental, por lo que declaró inexequibles los artículos 47, 48, 53, 54 y 55. Ello obliga, según el alto Tribunal, a que las disposiciones que se planteaban sobre el particular se tramiten a través de una ley estatutaria, no ordinaria como sucedió con el Código de Policía.

Los artículos que se cayeron establecían, entre otros, que las autoridades municipales en concurso con los consejos municipales y distritales de gestión del riesgo, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas. A pesar de que el artículo 53 del Código de Policía reafirmaba que “toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo”, no obstante establecía que con 48 horas de antelación debía darse aviso por escrito de la reunión presentado ante la primera autoridad administrativa. Además de que fijaba que “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”.