Women’s Link Worldwide espera que la justicia transicional reconozca este delito como práctica sistemática que constituye crimen de guerra. 

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Reparar a las víctimas de la violencia sexual sistemática y generalizada que ocurre durante los conflictos armados es una deuda histórica de la justicia en el mundo. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia enfrenta ese reto de reparar a mujeres y niñas que fueron víctimas de estos hechos y sentar un precedente internacional.

Un informe entregado a la JEP esta semana señala un tipo específico de violencia sexual que, afirman, fue ejercido por la guerrilla de las Farc durante el conflicto colombiano: la violación de derechos reproductivos. Es decir, prácticas como abortos forzados y uso obligatorio de anticonceptivos.

“Hemos observado que los actores armados estatales y no estatales en diferentes contextos de conflicto armado siempre han intentado incidir sobre la reproducción de las mujeres”, dice Juliana Laguna, abogada de Women’s Link Worldwide, la entidad que presentó el estudio ante la JEP. “Todas las mujeres y niñas, ya sean civiles o combatientes tienen derecho a optar por la maternidad o el aborto legal, tanto en tiempos de guerra como de paz”, añade la abogada.

Los sistemas de justicia se han quedado cortos para proveer justicia y reparación en los casos de violaciones contra los derecho reproductivos.

Juliana Laguna señaló que en el mundo han ocurrido varios casos de violación a los derechos reproductivos. Citó casos como las esterilizaciones forzadas de la Alemania Nazi o la entrega obligatoria de anticonceptivos entre las mujeres de la organización terrorista Daesh. “Históricamente la violencia sexual que ocurre en los contextos de conflicto armado había sido considerada como casos fortuitos que pasan en los conflictos, pero no era considerada tan grave como los genocidios, por ejemplo”, dice Juliana.

Con la adopción en 1998 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se establecieron como delitos específicos algunas agresiones sexuales. Sin embargo, los tribunales internacionales han tenido problemas con temas técnicos dentro de los procesos para lograr sancionar a los responsables directos e indirectos.

Otro factor que influye en la falta de justicia es que las violaciones contra los derechos reproductivos son las menos visibles entre los delitos sexuales. “Estamos viendo que se considera la violación, que en Colombia está tipificado como acceso carnal violento, como la forma más prevalente de la violencia sexual. Eso deja por fuera otras formas de violencia sexual que son igual de graves. Hasta ahora estamos empezando a hablar de la violencia reproductiva”, dice Juliana.

El informe de Women´s Link revisó 89 documentos producidos por entidades como la Fiscalía General de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. También analizó diez fallos judiciales de cortes nacionales y cuatro decisiones judiciales de cortes internacionales, entre otros.

Recopiló al menos 35 testimonios de mujeres y niñas víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos dentro de las filas de las Farc. Pero, teniendo en cuenta las altas tasas de subregistro, podrían ser muchas más. La Fiscalía colombiana estima que se habrían realizado unos 1000 abortos forzados en las Farc cada año.

Los casos esclarecidos son aún menos. “En Colombia existen solamente tres condenas contra actos constitutivos de violencia reproductiva y solo una se reconoce que ocurrió dentro de un grupo armado, pero ninguna ha sido en contra de la guerrilla de las Farc”, dice Juliana. Las tres condenas ocurrieron en la jurisdicción de Justicia y Paz, la justicia transicional creada durante el proceso de paz con los grupos paramilitares en 2005. 

La justicia, un sueño aún más lejano para mujeres excombatientes

“El acceso a la justicia para las mujeres y niñas es muy limitado”, dice Juliana, “pero para las mujeres y niñas que hicieron parte de los grupos armados es aún peor”.

El informe narra el caso de Helena* una mujer que denunció haber sido víctima de violencia reproductiva luego de ser reclutada de manera forzosa por las Farc cuando tenía 14 años.

Cuenta que mientras hacía parte de las filas de esa guerrilla, quedó embarazada como resultado de una relación consentida. Se negó a hacerse el aborto y pidió a su comandante que la dejaran continuar con el embarazo. Los guerrilleros intentaron convencerla de que abortara y la amenazaron con hacerle un ´consejo de guerra´ que podía terminar en fusilamiento.

Ella luchó durante horas para impedir que le hicieran el aborto. Finalmente, sin su consentimiento, le dieron unos medicamentos, pero no hicieron efecto entones el médico que estaba haciendo el procedimiento le dijo que debía hacer una cesárea. Cuando despertó sintió un dolor muy fuerte, “era como si me hubieran dado una golpiza”, narró.

Cuenta que debido a las condiciones en las que le practicaron el procedimiento perdió mucha sangre. Mes y medio después, comenzaron a aparecer en su cuerpo las secuelas.

Hoy en día Helena aún presenta infecciones urinarias y no ha iniciado tratamiento para la insuficiencia renal crónica que la aqueja. “Sufre de estrés postraumático, depresión, sentimientos de impotencia y frustración por haber perdido su niñez y su salud y presenta sueños recurrentes sobre persecución, temor y dificultad para relacionarse”, explica el informe.

La Unidad para las Víctimas le negó a Helena su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), por lo que no ha podido acceder a las medidas de reparación a las que tienen derecho los sobrevivientes del conflicto en Colombia. El caso está en revisión por la Corte Constitucional.

La respuesta de las Farc

La senadora del partido Farc, Griselda Lobo, conocida en tiempos de guerra como Sandra Ramírez, resalta la importancia de que el informe haya sido llevado a la JEP y que sea esa instancia la que determine la veracidad de los datos.

Lobo dijo que en todas las investigaciones y análisis que se hagan sobre el tema no se puede olvidar que ocurrió en el contexto de una guerra.

“Éramos una organización armada que manteníamos asediados con bombardeos y en combates es imposible que una mujer estuviera en embarazo”, dijo la hoy congresista en entrevista con la Agencia Anadolu. “No teníamos un territorio o un espacio físico que defender, sino que era una guerrilla nómada. Una mujer en embarazo sufre en esas condiciones adversas”, añadió.

Afirma que fueron las mujeres combatientes las que pidieron y exigieron la planificación. “Pedimos que fuera una norma. No hacerlo sería una irresponsabilidad nuestra. Cómo y en qué circunstancia podía una mamita salir a tener su bebé. Muchas jóvenes que fueron a casas campesinas esperando el bebé fueron capturadas por el Ejército y tuvieron que parir su bebé en la cárcel”, dijo.

Añadió que ella tuvo la experiencia personal de pedir un aborto dentro de la guerrilla. “Yo sí me hice un aborto. Lo pedí. Si a mi me hubieron hecho un aborto por medios no convencionales no estaría viva. Se hacían como se hacen en un hospital, en una clínica”, afirmó.

También dijo que se tenían en cuenta los organismos de las mujeres a la hora de recetar anticonceptivos. “Teníamos médicos que hacían recomendaciones en el caso específico de la planificación”, dijo Lobo.

El reto que tiene la JEP ahora es investigar las denuncias y proferir sentencias en el tema, lo que sentaría un precedente internacional.

Women’s Link espera que la JEP reconozca que la violación de derechos reproductivos dentro de las filas de las FARC fue una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos.

Juliana explicó que el tema se puede tratar dentro de los casos que la JEP ya tiene priorizados, como reclutamiento infantil, pero pidieron que el tribunal considere abrir un caso específico sobre la violencia reproductiva donde se establezca una metodología particular para que se investigue el tema.

Tanto Griselda Lobo como Juliana Laguna aseguraron que la JEP tiene las herramientas para investigar esos casos y se mostraron confiadas en que la justicia transicional tiene el enfoque de género necesario para abordar el tema.

“La JEP fue creada con el espíritu de que todos los actores que estuvimos vinculados en el conflicto tengamos que ir a dar la verdad y asumir la responsabilidad como colectividad de lo ocurrido en el conflicto”, dijo Lobo.

“Si una persona cometió estos crímenes deberá responder porque para nosotros ese es un delito muy pero muy grave en nuestras filas”, concluyó.