Son bienvenidos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) los informes de todas las organizaciones sociales y de víctimas que quieran que sus casos sean conocidos en estas instancias, manifestó este jueves la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares.

Al referirse a la denuncia de la corporación Rosa Blanca, que manifiesta que la JEP no está recibiendo sus informes sobre los delitos sexuales cometidos durante el conflicto, Linares expresó que “aquí se reciben todos los informes que las distintas organizaciones sociales y de derechos humanos quieran entregar. Le puedo asegurar, que si esa corporación quiere hacer la entrega de un informe, esa solicitud se tramitará en debida forma”.

“Yo me he reunido con esa organización”, precisó la magistrada Linares, agregando que “he oído sus argumentos y los he atendido como atiendo a cualquier organización que quiera conversa con nosotras”.

Según Lorena Murcia, vocera de la corporación Rosa Blanca, que agrupa víctimas de la guerrilla de las Farc, son miles de mujeres víctimas de abuso sexual las que aún esperan el llamado de la JEP para presentar las denuncias sobre estos crímenes que, según ella, salpican al hoy senador Carlos Antonio Lozada, del partido Farc.

Fallo

De otra parte, Linares afirmó que las decisiones que tomó la Corte Constitucional de otorgarle potestad a los jueces de la justicia transicional para la práctica de pruebas en la garantía de no extradición y declarar como inconstitucional la nueva sala para procesar a los miembros de la fuerza pública “les dan tranquilidad a las víctimas”.

“Estas decisiones de la Corte Constitucional dan tranquilidad a las víctimas, a los jueces, a los comparecientes y a la sociedad”, sostuvo Linares.

Asimismo aseguró que la decisión de la Corte se explica desde lo que consideró como el principio universal de que “los jueces para tomar sus decisiones se sustentan en pruebas y deben practicarlas”.

La magistrada también aplaudió la decisión de la Corte sobre la sala especial del tribunal para los integrantes de la fuerza pública que había sido aprobada en el Congreso, luego de la firma del Acuerdo de Paz, y sin su aval.

“No hay ausencia de una sala especial para tratar los temas relacionados con agentes del Estado provenientes de la fuerza pública”, afirmó Linares.

Como lo publicó este jueves EL NUEVO SIGLO, la Corte se pronunció sobre la Ley 1922 del 18 de julio de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la JEP, luego de que el presidente Iván Duque, objetara el domingo pasado seis de los artículos de la Ley Estatutaria por “razones de inconveniencia”.