Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 20 víctimas de los Montes de María (Bolívar y Sucre), además de un grupo de representantes de colectivos y organizaciones, participaron este viernes en una diligencia judicial de ampliación de informes y entrega de información en el marco del Caso 08 que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.

Durante la diligencia judicial, las víctimas acreditadas ante la JEP reiteraron su compromiso con la búsqueda de la verdad y con la restauración del tejido social de su territorio. Asimismo, fue un espacio en el que los participantes reconstruyeron frente a la magistratura los hechos violentos vividos y describieron las afectaciones individuales y colectivas que el conflicto armado dejó en la región.

“Nuestro trabajo tiene sentido si llenamos de contenido el principio de centralidad de las víctimas que es columna vertebral de la JEP, que se concreta, entre otras, con la participación efectiva e informada de las víctimas para alcanzar la justicia y verdad que se nos reclama, y que se exige también al Estado y a una sociedad que pudo haber dado la espalda a lo que ocurrió”, dijo la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del Subcaso Montes de María y municipios cercanos.

La audiencia judicial, con enfoque restaurativo, tuvo un encuentro previo de dos días, que facilitó el diálogo entre las víctimas y la magistratura. Durante este tiempo, se discutieron temas centrales asociados al avance de la investigación y se reflexionó sobre la Justicia Transicional Restaurativa. Precisamente, la diligencia arrancó con un acto simbólico liderado por las víctimas.

“Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, las personas sobrevivientes de Montes de María y sus municipios cercanos, hicieron aportes que permitieron que la Sala de Reconocimiento viera a esta región como un territorio crítico de victimización, como una región con un alto grado de impunidad y una justicia incompleta, en la que un análisis más profundo de los hechos podría dar lugar a comprender las razones del conflicto, identificando patrones de macrocriminalidad”, añadió la magistrada Valencia.

En sus intervenciones, las víctimas socializaron con la magistratura sus expectativas y propuestas en cuanto al proceso restaurativo como un propósito de paz y reconciliación que permita la construcción de un proyecto de vida colectivo para las comunidades de la región.

La diligencia coincidió con la conmemoración de la masacre de El Salado en El Carmen de Bolívar, que se extendió entre los días 16 y 22 de febrero de 2000, y la de los corregimientos de Canutal y Canutalito, y la vereda Pativa en Ovejas Sucre, ocurridas hace 24 años. Sobre estos hechos, las víctimas afirmaron: “Tenemos 24 años de estar armando pedazos, y aún nos faltan, agradecemos a la JEP su compromiso”.

La magistrada Valencia explicó que en este momento el Caso 08 se encuentra en la fase dialógica, por lo que se continuará con el contraste y la escucha de las versiones a los presuntos responsables identificados. La magistrada también aseguró: “Las medidas restaurativas es lo que ustedes esperan como comunidad para sentirse honrados, tratados dignamente y fortalecidos para seguir adelante con dignidad, y la JEP trabaja en ello”, les dijo la magistrada antes de resaltar la valentía, la persistencia y la resistencia de las comunidades de los Montes de María.