Una reparación directa por parte de la Superintendencia de Sociedades, buscará un grupo de víctimas de la captadora ilegal de dinero DMG. La demanda será por la pérdida de $100 mil millones debido a omisiones, acciones ilegales y falsedades.

La acusación señala que las irregularidades fueron cometidas por la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry.

Según el abogado Santiago Morales, que representa al grupo de víctimas, la demanda es a raíz de los perjuicios que generaron varias actuaciones ilegales por parte de la liquidadora Perry, por las que fue obligada a pagar más de $10 mil millones en virtud de una demanda interpuesta por los propietarios de tres lotes de 60 mil metros cuadrados ubicados en la autopista norte de Bogotá. 

El fundamento de la sentencia condenatoria, por las cuales el Juez 11 Civil del Circuito de Bogotá condenó en primera instancia a DMG, se basó en reprocharle a la liquidadora Perry haber perseguido bienes de terceros ajenos a la liquidación en lugar de haber recibido los $23 mil millones que ofrecieron devolver desde el primer momento.

Largo tiempo

Después de 11 años no se han recuperado ni los bienes ni el dinero, sino que por el contrario, en caso de que se confirme el fallo en segunda instancia, los $10 mil millones tendrán que salir de lo que les corresponde a las víctimas de DMG. 

El apoderado de las víctimas radicará una solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad para presentar la demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia.

De otra parte y a mediados de octubre, se supo que en el juicio que se adelanta contra los empresarios Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yépez, acusados de lavar millonarios activos a los cerebros de la pirámide DMG, declaró un testigo del caso.

Los empresarios son acusados del delito de lavado activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

La acusación se centra en los bienes inmuebles que adquirió Guval -la empresa que era representada por los procesados- y que fueron adquiridas por DMG al parecer con la finalidad de legalizar dineros de la captación masiva ilegal.

Durante el juicio un técnico investigador incorporó documentos relacionados con el funcionamiento de la pirámide DMG demostrando la forma como operó la relación de los procesados con ese grupo dedicado a captar dinero de las víctimas.

Según la Fiscalía se utilizó a la compañía Guval para adquirir 473 bienes inmuebles, firmar promesas de compraventas y distribuir bienes a nombre de esa persona jurídica que en realidad pertenecían a David Murcia o al conglomerado empresarial.

De acuerdo con los registros judiciales se calcula que más de 240 mil personas perdieron sus dineros tras invertirlos en DMG.

Más denuncias

Por otra parte en las últimas semanas habitantes de municipios como Fusagasugá, Ubaté, Cota, entre otros, denunciaron la aparición de volantes con el logo de DMG y la llegada masiva de cadenas por redes sociales.

Dicen las nuevas víctimas del dinero fácil, que al invertir de acuerdo a las instrucciones que les daban en el volante o en las cadenas de las redes sociales su dinero no volvía a parecer.

Señalan que al ponerse en contacto con las personas, que se hacían pasar por integrantes de la desaparecida firma DMG, les prometían millonarios retornos a cambio de invertir dinero. 

“Al principio nos cumplieron cuando eran sumas de dinero pequeñas, pero al invertir mayores cantidades, se desaparecieron”, dijeron algunas de las víctimas de esta vieja modalidad de estafa.

Entre los audios que hicieron llegar los estafados a este medio de comunicación, el presunto estafador les reconoce que los dineros que les regresarán vienen de actividades ilegales.

Asimismo, habitantes de La Enea de Manizales se mostraron sorprendidos cuando empezaron a ver en las paredes y postes del barrio pegados unos volantes donde promocionaban una empresa de “proyecciones e inversiones” con el nombre DMG, la conocida pirámide de David Eduardo Murcia Guzmán.

Murcia Guzmán fue extraditado desde Estados Unidos a Colombia en junio de este año. El trámite se hizo desde Alexandria (Louisiana), en Estados Unidos, donde purgó una pena de nueve años de prisión.