A días de que se lleven a cabo las próximas elecciones regionales, la Veeduría Distrital sacó un nuevo documento para aportar argumentos técnicos al debate público sobre las problemáticas más apremiantes que enfrenta la ciudad de Bogotá y, en esta ocasión, su región circundante. ¿Cómo deberá la próxima Administración distrital, asumir la conectividad regional para que la capital del país finalmente cuente con un Área Metropolitana?
Impulsar el proyecto
El proyecto de acto legislativo 182 de 2019 de la Cámara de Representantes, que busca la creación de una región metropolitana para Bogotá, da un paso importante para establecer el arreglo institucional metropolitano que necesitan la capital de la República y su área funcional.
La Administración distrital debe pronunciarse y participar activamente en el debate, y promover la participación de la ciudadanía y organizaciones sociales en la discusión. Solamente con un amplio proceso de participación, se identificarán los lineamientos de ordenamiento y ocupación territorial que permitan un desarrollo equilibrado y sostenido de la región.
Revisar la Ley 1625
La propuesta presentada en el Congreso de la República implica llevar a trámite legislativo una nueva ley orgánica. Teniendo en cuenta el riesgo que la iniciativa no sea aprobada y que varias de las necesidades planteadas cobijan también a las áreas metropolitanas existentes, puede considerarse la posibilidad de modificar la Ley 1625 de 2013, para resolver los problemas de coordinación y financiamiento existentes en las áreas metropolitanas y hacer viable un mecanismo de coordinación regional para Bogotá en el marco jurídico existente.
Garantizar autonomía y evitar duplicidad de funciones
La gobernanza metropolitana es un instrumento para resolver los problemas de coordinación entre los municipios a fin de reducir costos y aprovechar economías de escala en la provisión de ciertos servicios, como se ha evidenciado en las seis áreas metropolitanas constituidas en el país.
Por lo tanto, es fundamental que el esquema asociativo que se defina garantice la autonomía y capacidad para ejercer funciones de coordinación entre entidades que eviten duplicidad de funciones y competencias.
Única autoridad ambiental
La conurbación de manera desordenada ha generado presión no solo en Bogotá sino en los municipios más cercanos en cuanto a la ocupación y usos del suelo, provocando mayor vulnerabilidad frente al riesgo y el cambio climático por una mayor presión al ecosistema debido a la demanda de servicios en la Sabana.
Por lo tanto, es necesario que el esquema asociativo tenga entre sus competencias la de ser una autoridad ambiental regional que mejore la capacidad de coordinación en temas complejos como la calidad del aire, la descontaminación del río Bogotá y la gestión del riesgo; esto significa una jurisdicción exclusiva del Área Metropolitana como autoridad ambiental urbana en sustitución de la CAR.
Un modelo de movilidad metropolitana
Los problemas de movilidad urbana que enfrenta la región reducen la calidad de vida y la productividad, de ahí que Bogotá y el resto del área funcional requieran de un sistema de transporte intermodal con integración tarifaria, en el que nuevos proyectos de ciudad como el Metro y las nuevas troncales de Transmilenio tengan un rol protagónico y se integren a otros proyectos de orden regional como los trenes de cercanías. Para esto, es necesario que el área metropolitana como entidad responsable centralice la planeación en esta materia con base en un Plan Maestro de Movilidad Metropolitano.
Armoniza ordenamiento territorial
La coordinación entre municipios es importante para llegar a una visión integral sobre el ordenamiento territorial. El proceso de expansión urbana crea la necesidad de expandir las redes de servicios públicos a la vez que se garantiza la oferta de suelo urbanizable y la ocupación organizada del territorio, por lo tanto, es necesario que el nuevo esquema asociativo determine un periodo fijo para la armonización de los POT de Bogotá y los demás municipios y que, a través de esta, se impulsen proyectos de infraestructura y vivienda de interés social.
Fortaleza financiera
Un área metropolitana, con personería jurídica y capacidad institucional, puede canalizar los recursos necesarios y destinarlos a proyectos de impacto regional. Es necesario en este sentido que se establezcan de manera clara las fuentes de financiación y los esquemas presupuestales con las que cuente el área metropolitana, para no replicar los problemas de financiación que se han presentado en otras áreas metropolitanas regidas por la Ley 1625 de 2013.
Una ciudadanía informada e involucrada
La integración regional ha ganado un espacio en la agenda de la ciudad y en algunos municipios de la sabana. Es necesario que la Administración Distrital haga un balance de las discusiones sostenidas en el marco del Foro de Integración Regional y el Comité de Integración Territorial, creados en 2015, para que toda la ciudadanía esté informada sobre el alcance y la utilidad de la creación del nuevo esquema asociativo y de esta forma promover el control social.
Problemas clave a tener en cuenta
La necesidad de refrendar mediante mandato popular la creación de un área metropolitana, ha impedido que este esquema se replique en otras regiones del país por falta de recursos, información y voluntad política.
Dado el carácter de Distrito Capital de Bogotá, y la diferencia entre su censo electoral y el de los demás municipios, es necesario buscar un mecanismo alternativo de refrendación que equilibre la viabilidad del área metropolitana con la participación de la ciudadanía en cada uno de los municipios que hagan parte del nuevo esquema asociativo.