El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reveló que en lo corrido del año van 122 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, en lo corrido del año, en Colombia.
“Las lideresas y defensoras de derechos humanos en Nariño se enfrentan a amenazas y violencia de narcotraficantes, de las bandas criminales y maltrato en sus propias casas", añadió Carlos Camargo, en la presentación de las conclusiones del Informe Defensorial sobre los Riesgos Individuales y Colectivos de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Nariño.
El defensor del Pueblo precisó que desde la entidad mantienen el respaldo a la labor humanitaria y por ello piden a las autoridades para garantizar la seguridad de los líderes.
“Hacemos un llamado para que sean protegidas y se garantice su trabajo social y comunitario”, dijo Camargo.
Por otro lado, Carlos Camargo, en la presentación del segundo informe defensorial sobre violencia contra las mujeres lideresas y defensoras de DDHH aseguró 29 mujeres resultaron afectadas por conductas vulneratorias, entre las que están 19 víctimas de amenazas a través de la recepción de elementos o artefactos de referencia directa que buscan causar intimidación o fueron mencionadas en panfletos, recibieron llamadas intimidantes o mensajes con intermediarios e, incluso, de manera directa por parte de los mismos agresores.
“El departamento de Nariño ha tenido tasas de mayor recurrencia de hechos a nivel nacional en cuanto a amenazas, muertes violentas, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros. Se ha visto la expansión del narcotráfico y del crimen organizado y actores armados, lo que causa violencia de género y restringe el liderazgo social de las defensoras de derechos humanos. Incluso, para las lideresas afrodescendientes e indígenas, está situación implica múltiples afectaciones graves a sus costumbres y tradiciones”, explicó Carlos Camargo.
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La pandemia generó otro tipo de vulneraciones para las mujeres, particularmente la disminución de ingresos económicos, el incremento del trabajo en el hogar y del cuidado no remunerado.
En el informe se estableció que en sus propias casas deben enfrentar violencia de pareja, intrafamiliar, sexual y hasta feminicidios. Y cuando los casos suceden, se encuentran con barreras de atención, de acceso a la justicia y una brecha digital para denunciar.
Además, en sus hogares los grupos armados ilegales y legales amenazan con el asesinato de sus hijos y familias; de atacarlos física y sexualmente o reclutarlos ilegalmente como retaliación por la labor social de las lideresas.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a instituciones de orden nacional, departamental y municipal para que adopten medidas que garanticen la protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos y garantizar su trabajo social y comunitario”, puntualizó el Defensor del Pueblo.