La Procuraduría solicitó de manera urgente a la Alcaldía de Cartagena de Indias y a la Gobernación de Bolívar, proteger la vida y los bienes “frente al inminente riesgo que corren los habitantes, por los eventos meteorológicos de intensas lluvias e inundaciones en las últimas 24 horas”.
De acuerdo con el ente de control, dichos eventos “amenazan los derechos a la vida, integridad y vivienda digna de más de 10.200 familias afectadas hasta el momento, en alrededor de 23 barrios del distrito”. Por esta razón, instó a las autoridades para que propendan por “conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad” de las comunidades y aceleren con carácter urgente las acciones de respuesta y atención a la emergencia.
La Procuraduría solicitó implementar los protocolos establecidos en la Estrategia Municipal y Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias (EMDRE / EDRE) y las medidas de atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. También pidió activar planes de contingencia y atención ante el incremento de la amenaza de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones y los planes de emergencia.
Además, el organismo instó a la Alcaldía y a la Gobernación a realizar estrategias educativas con la comunidad sobre riesgos y medidas de prevención para afrontar avenidas torrenciales o inundaciones, y coordinar las acciones entre el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) de Bolívar y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Cartagena.
Además, pidió que de manera prioritaria se monitoreen quebradas, ríos y caños con mayor recurrencia de avenidas torrenciales o inundaciones, debido a lluvias extremas, y verificar el estado actual del plan maestro de drenajes pluviales y el macroproyecto de alcantarillado. Asimismo, fortalecer capacidades técnicas y humanas de los organismos de socorro.
Finalmente, la Procuraduría, como parte de sus competencias de monitoreo a la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó preparar preliminarmente la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), planear el proceso de censo para el Registro Único de Damnificados (RUD), sopesar la necesidad de decretar o no una situación de calamidad pública en el territorio y coordinar la entrega de los kits de Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) a la población damnificada.
Luego de la mesa de trabajo realizada en la tarde de hoy, recordó a las autoridades que, el “no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en los términos establecidos en la Ley" y que, de acuerdo con el artículo 44 de la ley 1523 de 2012, es nuestro deber ejercer control sobre estas funciones.