Con Jorge Enrique Oramas, líder ambientalista, van 100 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los corrido del 2020, aseguró ayer en sus redes sociales el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz).

25 de esos homicidios se habrían cometido, según las cifras de Indepaz, desde el inicio de la cuarentena.

Oramas fue asesinado este fin de semana en una finca en la zona rural de Cali, donde residía junto a su familia.

El CTI de la Fiscalía avanza en la investigación para determinar si su muerte tuvo alguna relación con la lucha ambiental que desde hace años había asumido, ya que había adelantado diferentes trabajos por la defensa de territorios libres de cultivos ilícitos y la recuperación de los recursos naturales. Oramas también se dedicó a la defensa de los pueblos y comunidades indígenas.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, manifestó que Oramas “contaba con mucho reconocimiento ambiental, era distribuidor de productos sanos y trabajaba de manera constante en el campo, a nuestros líderes hay que protegerlos y apoyarlos en su trabajo, por eso, lamentamos lo sucedido y estaremos pendientes del trabajo investigativo de la Fiscalía”.

“Es muy prematuro hablar sobre las causas y los autores, esperaremos de manera responsable que sean las autoridades las encargadas de entregar información oficial sobre este crimen. Lamentamos mucho de este caso, pues sabemos del trabajo ambiental que siempre adelantó este líder", expresó Rojas.

Desde el inicio de la pandemia han sido asesinados 38 líderes sociales, 25 de ellos desde que se impusieron medidas de confinamiento en todo el país el 23 de marzo.

Los departamentos donde más asesinatos se han registrado son Cauca con 30, seguido de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los derechos humanos y 173 antiguos guerrilleros de las Farc, si bien, las ONG alertan que las cifras podrían ser mucho mayores.

Cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que aproximadamente el 73% de los asesinatos de los excombatientes se registraron en zonas rurales. Los ataques se han concentrado en los departamentos del Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22), Caquetá (20), Norte de Santander (16), Meta (13), Putumayo (13) y Valle del Cauca (12).

Un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que durante la cuarentena la presión de los grupos armados ilegales sobre la población civil ha sido palpable en regiones de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba.

Rupert Colville, vocero de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó hace una semana que tras los homicidios de líderes sociales se encuentra un creciente número de grupos armados y bandas criminales que compiten por el control de actividades ilegales en ese territorio.

Los datos, tanto del informe de la JEP como de la investigación de Indepaz, corresponden a zonas específicas del país en cerca de 40 municipios con influencia de grupos armados organizados (GAO) como el Eln, las disidencias de las Farc, estructuras del narcotráfico como El Clan del Golfo, además de grupos paramilitares como Los Caparros y reductos de Los Rastrojos.