La reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia exige un compromiso del país y ahí estará la Procuraduría, así lo manifestó el Jefe del Ministerio Público y agregó que este ha estado al frente de la región caribe para respaldarla ante los impactos que dejó el paso del huracán Iota por las islas.
“Designamos al Procurador Delegado para la Restitución de Tierras para supervisar, con el apoyo de las delegadas en entidades territoriales y de asuntos étnicos, el plan de recuperación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, indicó Carillo y agregó que este equipo ha venido trabajando para proteger a las comunidades afectadas.
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Asimismo, manifestó que la región caribe necesita una Procuraduría que respalde a las comunidades indígenas, que defienda el medio ambiente y proteja los recursos públicos para atender la pandemia y la ola invernal.
“En 2017 no habríamos podido dimensionar los impactos que tendría nuestra gestión en materia de desmantelamiento de grandes carteles de corrupción, vigilancia a los recursos de regalías, protección al parque Tayrona, a los DD.HH. de las comunidades indígenas de la Guajira o a las comunidades negras de Cartagena”, puntualizó.
Con respecto a la lucha en contra la corrupción, Carrillo afirmó que en su administración se han proferido 182 fallos disciplinarios logrando golpes contundentes, en los que destacó las acciones disciplinarias por los carteles de la hemofilia, VIH, Síndrome de Down y del bastón en Córdoba y Sucre.
“Producto de nuestras investigaciones, logramos determinar el modus operandi, las cuantías, los detrimentos y la responsabilidad de funcionarios de alcaldes y gobernadores”, subrayó y resaltó los cargos formulados contra los exmandatarios de Córdoba Edwin Besaile y Alejandro Lyons y las investigaciones disciplinarias contra 7 alcaldes de ese departamento.
De igual manera, recordó que en Cartagena fueron sancionados el exalcalde de la heroica, Dionisio Vélez Trujillo y a la Secretaría de Planeación por permitir construcciones sin contar con las licencias; mientras que en el caribe se destituyó e inhabilitó al alcalde de Turbana, Bolívar; al alcalde de Riohacha y a la exsecretaria de Educación.
Carrillo agregó que también se abrieron 10 investigaciones a contra funcionarios de municipios de La Guajira por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que la Procuraduría ha intervenido en 7.000 contratos por un valor de $4,8 billones en este programa.
"Al interior de la PGN conformamos un Grupo de Vigilancia a los Recursos de Regalías. En total hemos adelantado más de 1.100 procesos disciplinarios y en la Región Caribe priorizamos 90 casos por un valor de $1,2 billones", aseveró el funcionario.
Además, informó que se intervino en la acción popular interpuesta por el Distrito de Santa Marta en contra de la empresa Metro agua, en la que se ordenó a esta última entregar sus instalaciones y equipos a la alcaldía.
Finalmente, el Procurador dijo se dieron dos intervenciones en los casos del Edificio Blas de Leso y el conjunto Aquarela en Cartagena.
“Gracias a la intervención de la PGN se logró que el Tribunal ordenara la creación de un grupo al interior de la alcaldía para la vigilancia a la actividad urbanística de Cartagena y que se adoptaran medidas para la conservación ambiental del patrimonio histórico (Aquarela)", señaló.
Frente a la problemática social y ambiental de Playa Blanca (Barú), por el acceso ilimitado de turistas, Carrillo indicó que se profirieron pliego de cargos a tres exalcaldes de la localidad histórica y del Caribe Norte de Cartagena.