Esclarecer a la mayor brevedad la situación jurídica del magistrado Gustavo Malo, pidió ayer la Corte Suprema de Justicia al presidente del Senado, Ernesto Macías, teniendo en cuenta que este proceso no ha sido retomado por el actual Legislativo, después de que en abril pasado fuera acusado por la Cámara por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva, por haber sido parte, presuntamente, del ‘Cartel de la Toga’ que habría vendido fallos favorables a políticos.

La Corte Suprema señaló en Twitter: “Frente a gravedad de sindicaciones que impactan al sistema judicial, Sala de Gobierno de @CorteSupremaJ insta a Presidente de @SenadoGovCo a impulsar definición de situación de magistrado Gustavo E. Malo Fernández”.

Sin embargo, el senador Macías replicó que “no puedo aceptar ese tipo de presiones. Qué tal yo, como presidente del Congreso, exigiéndole a la Corte, que saque rápido determinado fallo o que falle de determinada manera. Pienso que debe haber respeto entre los poderes”.

El megaescándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el 17 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsó copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios.

La presunta olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en Estados Unidos meses antes el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido 500 millones de pesos para frenar las investigaciones al exmandatario regional.

En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte Suprema.

A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte Suprema a los entonces senadores Hernán Andrade y Musa Besaile así como al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos. En la Comisión de Acusación de la Cámara a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos y al magistrado Malo Fernández. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros.

Desde ese momento la Corte insistió a Malo retirarse de manera provisional del cargo hasta que aclarara su situación jurídica, con el fin de no afectar la imagen institucional. No obstante el Togado se negó a hacerlo argumentado su inocencia y, por el contrario, presentó incapacidades médicas consecutivas en un momento en que el alto Tribunal modificó su reglamento con el fin de poder suspenderlo.

Finalmente en abril pasado, la Corte suspendió a Malo, días antes de que la Cámara lo acusara ante el Senado.

Acusación

Tras someter a consideración y ser aprobada por el pleno de la Cámara la acusación proferida por la Comisión de Investigación y Acusación en contra del magistrado Malo, los representantes investigadores Edward David Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (Partido Liberal), presentaron en mayo pasado ante la plenaria de Senado el informe de acusación a través del cual se le imputan al togado cinco delitos.

De acuerdo con los representantes investigadores, Malo incurrió en una serie de delitos al "hacer parte de una empresa criminal que claramente tenía cada una de sus tareas definidas. Malo era quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados (que hace referencia a los ex senadores Mussa Besaile y Álvaro Ashton) en los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Existió el pago de 2.600 millones de pesos por dos procesos, por el de Álvaro Ashton 600 millones de pesos y por el de Musa Besaile 2.000 millones de pesos. Además, el Magistrado utilizó indebidamente la información de estos procesos, sometidos a reserva sumarial, para sacar provecho".

Dicen en el informe los representantes investigadores que durante más de 10 horas recopilaron el testimonio del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, mediante el cual manifestó la existencia de una organización criminal que se conoce como el ‘Cartel de la Toga’. Moreno señaló en su testimonio que Malo, "como miembro de la organización criminal aceptó haber recibido dineros de manos de Musa Besaile y Álvaro Ashton para obstruir la administración de justicia, igualmente acordaron que en el caso Besaile se pactaran tres hechos contundentes: evitar la captura, dilatar el proceso y sacar del proceso a José Reyes Rodríguez, quien fungía como magistrado auxiliar de dicha sala".

En caso de que la plenaria del Senado apruebe la acusación de la Cámara a Malo, este proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia.