Consideró necesario conformar una unidad de análisis y contexto multisectorial para determinar los patrones en asesinatos contra desmovilizados y, de esta forma, poder combatir el flagelo

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“Hoy, la política criminal del Estado orientada hacia los desmovilizados de las Farc y los líderes sociales parece un edificio sin escaleras”, manifestó el académico y expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro Leongómez, al señalar que “es muy importante que haya un liderazgo claro al interior del Estado y una política criminal unificada para mejorar la eficacia”.

EL NUEVO SIGLO: Usted propone conformar una unidad de análisis y contexto multisectorial para determinar patrones en asesinatos contra exFarc. Dice que ello funcionó contra crímenes de sindicalistas a principios de este siglo, ¿por qué considera que sería útil ahora, más si se tiene en cuenta que el origen de las víctimas es muy distinto?

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ: Hay dos elementos importantes: el primero es que hoy la política criminal del Estado orientada hacia los desmovilizados de las Farc y los líderes sociales parece un edificio sin escaleras, hay una multitud de organismos del Estado respondiendo de distinta manera a esos dos fenómenos en la Fiscalía, en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional, en el Ministerio de Defensa, en la Agencia Colombiana para la Reintegración, y es muy importante que haya un liderazgo claro al interior del Estado y una política criminal unificada para mejorar la eficacia.

La segunda dimensión es que al parecer sí hay una multiplicidad de factores que están influyendo en la muerte de los desmovilizados y de los líderes sociales, pero sí es muy importante determinar los actores predominantes para la eficacia de la política criminal. Doy un dato que me parece muy impactante: el 50% de los desmovilizados de las Farc asesinados habían salido recientemente de la cárcel, es decir, habían pasado largos años en la cárcel y no eran reconocidos en las zonas a donde llegaban como exguerrilleros de las Farc y, probablemente, tuvieron dificultades de reincorporarse.

Entonces hay fenómenos como esos que vale la pena estudiar para poder mejorar la eficacia de la política criminal.

ENS: ¿Qué opina de que la vicefiscal Mancera sostiene que no existe un patrón criminal hacia la población desmovilizada?, ¿está equivocada la Fiscalía?

EP: Creo que está profundamente equivocada porque, evidentemente, si cada asesinato responde a un hecho singular, por ejemplo, que esa persona se había vinculado a un grupo delincuencial y murió en una acción delincuencial, o si esa persona fue asesinada porque tenía información que podría llevar a que en la Justicia Especial para la Paz un jefe guerrillero fuera responsabilizado por hechos del pasado, o si esa persona estaba luchando contra la sustitución de cultivos; creo que es muy importante definir, así sea muy complejo, los patrones fundamentales porque eso permitiría, por lo menos, proteger a un sector importante de los desmovilizados. Y sobre todo hay un fenómeno que sí es cierto, la inmensa mayoría está muriendo en siete, ocho, nueve municipios del país, no se trata de un fenómeno generalizado.

Fíjense que en los grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, no hay asesinatos de desmovilizados de las Farc, se están produciendo fundamentalmente en zonas rurales de Nariño, Cauca, Antioquia. Entonces eso también permite ubicar las agencias del Estado responsables de la protección de mejor manera y mejorar la eficacia de la política estatal.

ENS: El Acuerdo de Paz estableció la creación de varias instancias para la protección de los desmovilizados, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que apenas hace poco fue convocada por el Gobierno, ¿cree que esto ha influido para que hayan asesinado a más de 200 excombatientes?

EP: Lo excepcional es que solamente dos desmovilizados han muerto en los campamentos de reubicación, donde el anillo de seguridad de la Policía Nacional y del Ejército ha sido extraordinariamente eficaz. Es muy irresponsable plantear que hay compromiso de agentes del Estado en estos hechos, salvo en el caso del exmiembro de las Farc en Norte de Santander y probablemente uno o dos más, pero no se puede responsabilizar al Estado de estos hechos, por el contrario hay que aplaudir la labor que han desarrollado la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la protección de los campamentos, porque ahí no se han producido las víctimas.

Tampoco se han producido en los centros urbanos, se han producido fundamentalmente en las zonas donde hay economías ilegales, de minería ilegal o de narcotráfico, y donde hay disidencias de las Farc, el Eln, disidencia de la Autodefensas Unidas de Colombia, y un fenómeno que se está produciendo muy preocupante, que es la presencia de nuevos grupos criminales pequeños, que a sangre y fuego están abriéndose camino como en Nariño, en el Cauca, en el Bajo Cauca Antioqueño, buscando definir sus fronteras invisibles de control territorial y de población.

Muchas veces, los asesinatos no provienen de los grandes grupos de orden nacional como el Clan de Golfo o las disidencias de las Farc sino de estos pequeños grupos emergentes.

¿Extrema derecha?

ENS: Hay quienes también culpan de la violencia contra los excombatientes a supuestos grupos de ultraderecha que de esta forma buscarían desestabilizar el proceso de paz, ¿usted qué piensa?

EP: Vale la pena investigar si existe ese fenómeno, pero no creo que sea uno de los patrones criminales determinantes, si eso existiera, porque las Farc, cuando se desmovilizaron, en el 2018 obtuvieron 53.000 votos, el 0,34% de la votación. Para poder haber obtenido representación parlamentaria hubieran necesitado 450.000 votos, de acuerdo con las leyes.

Es decir, si no hubieran negociado en La Habana los cinco senadores y los cinco representantes, hubieran tenido cero representación. Entonces las Farc a diferencia de lo que planteaban sectores de extrema derecha de que iban a ser un riesgo para las instituciones, se convirtieron en un partido poco significativo a nivel electoral y no amenazan a las élites nacionales ni a las élites regionales.

Entonces no creo que haya nadie interesado en liquidar un Partido que ya probó que no es una amenaza para las élites tradicionales y que, por el contrario, es un Partido que arrancó y creo que va a continuar con poca significación político electoral.