Avanza el proceso en el Consejo Superior de la Judicatura para la elección en la Corte Suprema de Justicia de cuatro magistrados que finalizarán su período de ocho años.

Para tal fin el primero de estos altos tribunales convocó a 105 abogados para escucharlos en audiencia pública con el fin de elaborar las listas que serán enviadas para escoger los reemplazos en las Salas Laboral y Penal de la Corporación.

Un total de 50 son los candidatos aspirantes a la Sala de Casación Laboral para reemplazar a los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz y Luis Gabriel Miranda Buelvas.

Mientras que son 55 los candidatos aspirantes a la Sala de Casación Penal para reemplazar a los magistrados Fernando Alberto Castro Caballero y José Luis Barceló Camacho.

Con este fin el Consejo Superior de la Judicatura convocó las respectivas audiencias públicas para los días 3 y 4 de diciembre próximo desde las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia en la capital de la República.

Precisamente el magistrado José Luis Barceló Camacho ha oficiado durante este año como el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por la Sala Plena de la misma Corporación (sistema de cooptación), de listas -con un número superior a cinco candidatos- elaboradas y enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Problema

Hace cinco años tuvo su pico más alto el problema que se ha presentado en la Corte Suprema de Justicia  por la dificultad para llenar las vacantes de los magistrados que se producen, ya sea por el vencimiento del período de ocho años de los togados o por las renuncias que nunca faltan. Hay quienes piden cambiar el sistema de elección.

En 2013 el alto Tribunal alcanzó a  sumar ocho vacantes si llenar porque en la Sala Plena no se alcanzaban los consensos sobre los nombres de los aspirantes. Al final logró ponerse al día en este tema.

La Corte Suprema está conformada por 23 magistrados, distribuidos de la siguiente manera: la Sala de Casación Penal tiene nueve integrantes, la de Casación Laboral tiene siete integrantes y la Sala de Casación Civil y Agraria cuenta con siete integrantes.

Los problemas que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su función electoral también se han visto en las ternas que debe presentar para suplir las vacantes que se producen en la Corte Constitucional.

Eso se vio en 2016 con las dos vacantes que se produjeron por el vencimiento del período de los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas.

La otra cara de la moneda fue el Consejo de Estado pues la Sala Plena integró la terna que le correspondía por la tercera vacante que se presentaría en la Corte Constitucional en febrero de 2017, también por el vencimiento del período de ocho años, en este caso del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza en la Corte Constitucional.

Dicha terna quedó integrada por los abogados Martha Paz, Antonio José Lizarazo Ocampo y Rodolfo Arango Rivadeneira.

Precisamente en febrero del año pasado se rebosó la copa en la Corte Constitucional por las demoras que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia para conformar las ternas que debía enviar al Senado con el fin de que elija los magistrados que remplazarán  a los juristas Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, quienes finalizaron su período de ocho años. Por ello, el entonces presidente del alto Tribunal, Luis Guillermo Guerrero, hizo un llamado a que se adelantara este proceso con prontitud.

Por ello por ese tiempo por unas semanas la Corte Constitucional tuvo que funcionar con tres magistrados auxiliares de los nueve que la integran, dos de ellos por las citadas demoras en la Corte Suprema de Justicia,  y un tercero debido a que poco antes el Senado suspendió a Jorge Ignacio Pretelt al momento de acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, ratificando un escrito en ese sentido que previamente había aprobado la Cámara, pues supuestamente el togado solicitó $500 millones a la firma Fidupetrol para, a cambio, hacerla favorecer en una tutela que la libraría de pagar cerca de $22.000 millones al departamento del Casanare.