A un mes de cumplirse un año del Paro Nacional convocado el 21 de noviembre de 2019, mañana se adelantará una nueva jornada, promoviendo un pliego de emergencia que se desprende en términos generales del que se impulsó hasta comienzos de 2020, cuando la cuarentena obligó a posponer las movilizaciones previstas.
Este lunes el presidente Iván Duque, al reiterar el riesgo que significan las aglomeraciones para la generación de rebrotes de la pandemia, afirmó que “hoy es cuando más tenemos que marchar de la mano hacia esa reactivación segura de nuestro país”.
Tras enfatizar que la reactivación no se trata de banderas políticas, sino de “patriotismo de sentido de responsabilidad con el país, de sentido de responsabilidad con el prójimo”, Duque subrayó que “nada ni nadie puede argumentar que para ser escuchado en una democracia se requiere la promoción de una aglomeración” y aseveró que “nuestro Gobierno es dialogante, es abierto para entender las múltiples problemáticas de todos los sectores sociales de nuestro país”.
“Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátum ni invocar juicios que no tienen asidero”, expresó.
Este fin de semana, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hemos sido notificados por el Comité del Paro y por algunas organizaciones sociales que se realizará un paro el próximo 21 de octubre, además de otras actividades para noviembre y diciembre. El gobierno del presidente Duque siempre ha tenido la buena intención de dialogar para encontrar la solución de los problemas sociales”.
Molano recordó que “desde que empezaron las movilizaciones, el pasado 21 de noviembre, el presidente Duque lanzó la Conversación Nacional para dialogar con quienes marcharon. Así que la Conversación Nacional ha dado sus resultados, las organizaciones sociales siguen haciendo sus planteamientos, algunos más políticos que reivindicativos como ha reconocido la misma Minga”.
Sobre los puntos planteados, Molano anotó que “nosotros debemos ser conscientes que no podemos frenar la reactivación económica. La reactivación se pone en riesgo cuando hay rebrotes y los rebrotes se dan cuando hay aglomeraciones sin protocolos de bioseguridad. El riesgo se da cuando hay propuestas políticas que tienen vinculación desde la generación de odios y propuestas que son inalcanzables. O cuando organizaciones criminales como son las disidencias de las Farc o del Eln que buscan infiltrarse en las marchas pacíficas y muchas veces terminan vandalizando y generando actuaciones violentas como sucedió con los CAI”.
Un año
Tal y como sucedió a finales del año pasado, las razones detrás de las marchas serán, en gran medida, económicas, con el componente del coronavirus.
El pliego de emergencia fue presentado el 19 de junio al Gobierno por el Comité Nacional de Paro a través de una carta enviada al presidente Duque, en la que le pidieron una audiencia y la designación de una comisión de alto nivel para llegar a acuerdos que recojan respuestas a “las necesidades básicas y urgentes que se requiere para aliviar un poco la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano”.
A un mes de cumplirse un año del Paro Nacional convocado el 21 de noviembre de 2019, mañana se adelantará una nueva jornada, promoviendo un pliego de emergencia que se desprende en términos generales del que se impulsó hasta comienzos de 2020.
Entre las organizaciones que hacen parte del Comité y que firmaron el pliego están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), la Uniín Sindical Obrera (USO), la Coordinadora de las Organizaciones Sociales (COS), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Mientras Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, afirmó que el paro tiene como objetivo rechazar las masacres y asesinatos ocurridos en el país, además de rechazar la represión y defender la vida y la paz en Colombia, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, anunció que también se rechazará la intención del gobierno de privatizar la educación y el modelo de alternancia planteado para el regreso a clases en medio de la pandemia.
“Esperamos que la convocatoria cuente con una manifestación masiva para demostrarle a este gobierno su incapacidad para conducir los caminos de este país”, afirmó Tarsicio Rivera, de la COS.
Paro nacional
Como ya se dijo, la jornada es una continuación de la movilización social y política que está por ajustar un año así como de sus argumentos (rechazo a los anuncios de reforma pensional, reforma laboral, la nueva reforma tributaria, el creciente desempleo, el asesinato de cientos de líderes sociales, etc), aunque varios de esos puntos perdieron coyuntura, ya fueron desestimados por el Gobierno o se transformaron por cuenta de la pandemia.
A petición del Gobierno, ese pliego original de 10 puntos fue ampliado antes del receso de fin de año a 104, en las cuales incluyeron la liberación de los capturados en las manifestaciones y los “presos políticos”, más la estatización total de la empresa Ecopetrol; los manifestantes también exigieron la prohibición del método de extracción no convencional conocido como fracking y que en el país no se vuelva a implementar la técnica de fumigación aérea con glifosato.
Todos estos puntos han sido respondidos uno a uno por el Gobierno y tal vez la declaración más diciente del Gobierno la dio Molano, quien sostuvo entonces: “Nos preocupa que esa es una agenda de modificación de casi todo el Estado, y el Gobierno del presidente Duque no va a negociar ni el Estado, ni el modelo económico, la totalidad de procesos que afecten la vida nacional porque él tiene un mandato constitucional de 10 millones de colombianos que votaron por él y respaldaron sus propuestas”.
Además sostuvo que “muchos de los temas planteados van más allá de esa agenda, pasan a órbitas constitucionales”.
Conversación
Tal como lo rememoró Molano, el presidente Duque quiso poner a conversar a todos los sectores del país en lo que llamó la Gran Conversación Nacional. De hecho este se reunió antes de la cuarentena con múltiples sectores de la sociedad como estudiantes, profesores, científicos y gremios tratando de llegar a consensos clave y solucionar problemas.
Sin embargo el Comité de Paro no se volvió a sentar con el jefe de Estado. Cuando la cuarentena obligó a un cambio de prioridades, las posiciones estaban encontradas. Mientras los impulsores de la protesta buscaban una mesa de negociación, el Gobierno quiso que solo fuera exploratoria.
La jornada es una continuación de la movilización social y política que está por ajustar un año así como de sus argumentos (rechazo a los anuncios de reforma pensional, reforma laboral, la nueva reforma tributaria, el creciente desempleo, el asesinato de cientos de líderes sociales, etc).
Además, Duque dijo por esos días en varios lugares que los sectores promotores del paro no pueden chantajear al Gobierno poniendo exigencias, y que el diálogo nacional será en el que se logren decisiones concertadas sobre el futuro del país.
Seis puntos del pliego de emergencia
1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.
2. Renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. Qué no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las mipymes.
4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matricula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.
5. Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.
6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.