El 23 de julio, la brigada cuarta del Ejército Nacional detuvo en Cisneros, Antioquia, una caravana de vehículos de alta gama pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Durante la inspección, además de armas, municiones y una considerable suma de dinero, las autoridades encontraron a un menor de 12 años entre los ocupantes.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que el joven había sido reclutado por las disidencias de las Farc cuando tenía apenas 12 años. "En la caravana de las disidencias de Farc viajaba un menor de edad. De acuerdo con la información que recibí, fue reclutado desde que tenía 12 años e instrumentalizado por el frente 36", declaró Rendón.
José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad y Convivencia de Bello, detalló que el menor fue trasladado a la Inspección de Permanencia de Bello para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos. "Es trasladado a la Inspección de Permanencia del municipio de Bello con el fin de iniciar la ruta del restablecimiento de sus derechos. Se hizo la atención durante toda la noche y hoy, a partir de la primera hora hábil, se puso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", explicó Serrano Jaramillo.
El hallazgo del menor ha generado fuertes reacciones, incluyendo las de la senadora María Fernanda Cabal, quien criticó a los organismos internacionales por no proteger adecuadamente a los niños afectados por el conflicto. "¿Y la ONU dónde está peleando por los derechos de este niño o denunciando el reclutamiento de menores? Solo los vemos defendiendo y preocupados por bandidos", manifestó Cabal en sus redes sociales.
Ante estos hechos, el gobernador Rendón insistió en la necesidad de poner fin al cese al fuego con los grupos guerrilleros. "El reclutamiento es un delito, un crimen de guerra. Esta es una suficiente razón para desmontar el engañoso cese al fuego," aseveró.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encargará ahora de brindar protección y apoyo al menor, con el objetivo de reintegrarlo a la vida civil y evitar que vuelva a caer en manos de organizaciones criminales. Este incidente subraya la persistente y alarmante práctica del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados, una problemática que sigue siendo un desafío crítico para las autoridades colombianas.