La compañía anunció su retiro del país a partir del 1 de febrero. Voces de congresista a favor y en contra de la decisión

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Gran controversia generó la decisión de la plataforma Uber de retirarse del país a partir del próximo 1 de febrero, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio determinara a finales de diciembre que cesara su operación por considerar que incurrió en actos de competencia desleal por violación de normas al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.

Uber llegó a Colombia en 2013 y desde entonces se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, ante el rechazo de sindicatos de choferes y propietarios de taxis, que en varias ocasiones han protestado en las calles contra sus competidores. La firma estadounidense tiene más de 88.000 conductores en varias ciudades de Colombia y asegura que moviliza a 2 millones de usuarios al mes.

En el comunicado en que anunció su determinación, reiteró sus críticas a la SIC al calificar como “arbitraria” la orden para que dejara de prestar el servicio de transporte porque “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

Agregó que está “utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”. “Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, subrayó.

Pronunciamiento del Ministerio

"Colombia es un país que promueve la innovación y la inversión extranjera bajo las perspectivas de cumplimiento de la normatividad vigente, la legalidad y el cumplimiento de la ley", indicó el Ministerio de Transporte tras conocer la determinación de la plataforma. 

A través de un comunicado, el Ministerio recordó que para prestar un servicio de transporte de pasajeros existe una normatividad que exige procesos de habilitación soportados en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, leyes que exigen al Estado habilite tanto a las empresas como los vehículos para esta tarea puesto que está prohibido hacerlo con un vehículo privado.

Asimismo, reiteró que actualmente 24 aplicaciones de taxis están aprobadas para prestar el servicio de transporte en la ciudad y reguladas por el Gobierno en el Decreto 1079 de 2015.

En ese sentido, expresó que el sector transporte vela por la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad y legalidad. "De ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico, apoyamos las iniciativas de esta índole, pero debe protegerse la vida de los usuarios y la prestación del servicio público de transporte bajo las condiciones técnicas y jurídicas establecidas por la normatividad colombiana", agregó la cartera. 

Finalmente, hizo un llamado para que en el Congreso se realicen reformas con el fin de prever estos "fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores determinando nuevas condiciones de habilitación".

Congresistas: a favor y en contra

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, crítico de la aplicación, subrayó que esta es ilegal. “Sobre la decisión de Uber de retirarse de Colombia hay que señalar que esto no es una controversia sobre si se usan o no las nuevas tecnologías para el servicio del taxi. La discusión es sobre la legalidad. Uber prefirió irse del país que cumplir con la Constitución y las leyes de la República.

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte han señalado que Uber ofrece un servicio ilegal y le han planteado que legalice su función de la misma manera que actúan los taxis amarillos, pero se niega a hacerlo. Todos los que estamos en Colombia, nacionales o extranjeros, debemos cumplir con la Constitución y las leyes del país. Que quede claro que este es un debate no de tecnología sino que es una controversia sobre si se cumplen las leyes”, expuso el parlamentario. 

En la vereda opuesta, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, manifestó que "hoy Uber es una muestra ineludible de que en Colombia quienes pretenden que nada cambie, quienes ponderan más unos votos que el bienestar de sus ciudadanos siguen siendo demasiado poderosos y permean todos los partidos / ideologías. Pésimo mensaje para Colombia y el mundo".

“Por qué un colombiano o extranjero invertiría su tiempo/conocimiento/recursos en un emprendimiento en Colombia si tan pronto como ese emprendimiento incomode a una industria nacional lo vamos a sacar a patadas entre todos (gobierno, congreso, justicia). (…) Ojalá lográsemos un acuerdo para permitir a Uber quedarse hasta promover desde el congreso la solución necesaria para una competencia justa en beneficio de los consumidores colombianos. Sin personalismos, sin opacar al contrario en esta discusión. El ego ya nos costó demasiado”, sostuvo. 

“Esta decisión afecta la economía, el desempleo, la competitividad, la productividad, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y los sobrecostos en el país. Es una mala noticia para la economía, los emprendimientos y la generación de empleo en Colombia, pero en especial para los usuarios y socios conductores que utilizan la plataforma ya que son los más afectados o porque quedan sin empleo o pagando costos más altos a cambio de servicios de menor calidad”, aseguró en el mismo sentido el senador Andrés García, del Partido Social de Unidad Nacional.

Proyecto

En noviembre fue radicado un proyecto de ley de autoría de varios congresistas, entre los que se encuentran los representantes Mauricio Toro y Edwin Ballesteros, que busca regular este servicio. Entre los elementos que contiene la iniciativa está que las plataformas, como Uber, deberán estar legalmente constituidas conforme al ordenamiento jurídico y tener sedes físicas de atención al usuario en las ciudades donde se preste el servicio.

Adicionalmente, crea un registro único nacional y un banco de información, que sería administrado por el Ministerio de Transporte, de todos los conductores y vehículos que utilicen plataformas digitales para garantizar seguridad y seguimiento. Establece también que las empresas deben contratar, bajo su cargo y costo, pólizas de seguros que cubran a los usuarios conductores, los vehículos, los pasajeros y terceros.

Señala adicionalmente que en las ciudades y municipios con población inferior 1.000.000 de habitantes, las autoridades locales, de acuerdo a sus competencias en materia de transporte, podrán restringir la prestación del servicio de las plataformas para preservar la sostenibilidad y competencia del servicio de taxi.

En el mundo

Actualmente la plataforma está regulada en más de 80 jurisdicciones en América Latina, en países como Brasil, Uruguay y Paraguay. No obstante, en otros países, especialmente en Europa, como Dinamarca, y Hungría, la aplicación ha dejado de operar.