El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nuevamente le reiteró a la Fiscalía que debe acatar la decisión judicial de proveer 17 mil cargos que se encuentran en vacancia definitiva o en encargo.
El Tribunal aseguró que la entidad convocó 500 de los 17 mil. “En ese sentido, el número de 500 cargos convocados a concurso frente a los más de 17.000 cargos de carrera que se encuentran para proveer, resulta irrisorio”, concluyó el Tribunal.
Ante la decisión, la Fiscalía le aseguró al Tribunal que abrir un concurso, para un número tan elevado de nuevos funcionarios, podría generar pérdida de la memoria institucional.
Sin embargo, el tribunal invalidó dicho argumento y le respondió a la entidad que “la implementación y uso de la tecnología permite el almacenamiento y archivo de los documentos que constituyen la mencionada memoria institucional; por lo tanto, abstenerse de convocar un número mayor de cargos a concurso de mérito con fundamento en la posible pérdida de la memoria institucional resulta ser un excusa inocua esgrimida por la entidad accionada”.
Finalmente, el Tribunal condenó a directivos de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía con multas de dos salarios mínimos legales vigentes y ordenó el cumplimiento de manera inmediata la creación de los empleos.
La Fiscalía se comprometió a utilizar esos nuevos empleos para atender los requerimientos y avanzar en las investigaciones por ataques contra personas que participen en la eventual implementación de acuerdos de paz; incluyendo organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, como el ‘Clan del Golfo’.
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Las cinco finalidades de los cargos
La entidad emitió un comunicado en el que señala que "en el marco de sus competencias y en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, en su artículo 251, que otorga a la entidad la facultad para “participar en la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”, radicará un proyecto de ley en los próximos días ante el Congreso de la República con el objetivo de fortalecer la administración de justicia para aumentar su planta de cargos.
La propuesta está enmarcada en la misionalidad propia de la Fiscalía, con miras a lograr un efectivo esclarecimiento de las conductas punibles en el país. La iniciativa responde a los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales de la entidad el 7 de diciembre de 2021.
Con ellos se realizó un diagnóstico de la carga laboral de los despachos, que dio como propuesta la ampliación de la planta. Necesidad que se manifestó en el proyecto de ley.
En el desarrollo del proyecto de ley se plantean cinco finalidades fundamentales. La primera hace relación al fortalecimiento de la prestación del servicio esencial de administración de justicia de competencia de la Fiscalía en el territorio nacional.
La siguiente pretende fortalecer la capacidad funcional de la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
Otro aspecto a resaltar busca equilibrar la alta carga que actualmente tienen los fiscales, al tiempo que consolida una estrategia para la descongestión judicial en materia penal y lograr una mayor eficacia en la prestación del servicio esencial de justicia en la investigación y judicialización.
Mejores condiciones
Adicionalmente, se busca aumentar la presencia de la Fiscalía en los territorios para que los ciudadanos tengan mejores condiciones de acceso a una efectiva administración de justicia.
Y, por último, se fortalecerá la capacidad investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI) para obtener en menor tiempo material probatorio contundente que fortalezca el proceso penal.
Es de anotar que el proyecto de ley pretende la creación de seis mil cargos en el área misional de la entidad, en relación a fiscales, asistentes de fiscales e investigadores.