Esta Jurisdicción debe determinar la fecha en la que el desmovilizado supuestamente delinquió, en el marco de un proceso de extradición

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El 28 de este mes vence el plazo que estableció la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que la Fiscalía colombiana y la justicia de Estados Unidos le hagan llegar las pruebas acerca de la presunta participación de ‘Jesús Santrich’ en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína después de que fue firmado el Acuerdo de Paz.

Esto en cumplimiento de la solicitud de garantía de no extradición que presentó el exguerrillero. En este caso se pueden notar tres escenarios en donde no solamente se jugaría la suerte de esta persona sino una serie de implicaciones.

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Por estos hechos el desmovilizado de las Farc se encuentra privado de libertad desde abril pasado en un proceso de extradición, no obstante el proceso de extradición está congelado a la espera de que la JEP, atendiendo la garantía de no extradición de los desmovilizados de la extinta guerrilla de la Farc que contempla el Acuerdo de paz, determine la fecha en la que ‘Santrich’ presuntamente delinquió, lo cual es clave para definir la suerte del excomandante guerrillero.

Según el Acuerdo de Paz firmado el 1° de diciembre de 2016, los desmovilizados serán cobijados por una justicia especial, transicional, aplicada por la JEP para castigar los delitos graves que cometieron en el conflicto armado. En esta instancia, de ser encontrados culpables, serán sancionados con penas que van entre los cinco y los ocho años, consistentes en restricción de la libertad en sitios distintos a un centro carcelario, beneficio que recibirán a cambio de verdad y reparación a las víctimas.

Sin embargo, el Acuerdo de Paz también contempla que los desmovilizados que incurran en delitos luego de la firmad del acuerdo (1° de diciembre de 2016) serán excluidos de la JEP y su expediente será inmediatamente remitido a la justicia ordinaria, en donde de ser condenados recibirán altas penas por sus crímenes cometidos en la subversión y pueden ser extraditados si son requeridos por las autoridades de otros país.

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Escenario 1: Excluido de la JEP

En un auto de octubre pasado la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz de la JEP decretó pruebas para determinar la fecha en la que supuestamente delinquió ‘Santrich’ porque consideró que está facultada para ello.

Producto de ello la Fiscalía entregó los audios de interceptaciones a comunicaciones de Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, también excomandante de las Farc, en las cuales es mencionado ‘Santrich’.

No obstante, hasta la fecha la justicia de Estados Unidos no ha hecho llegar esas pruebas, y no lo enviaría porque se apega al acuerdo de extradición que opera con Colombia desde hace tres décadas producto del cual la solicitud de extradición es solo acompañada del indictment (acusación).

En noviembre pasado el embajador Kevin Whitaker dijo que es la primera vez que reciben una solicitud en tal sentido y que para este caso van a “actuar conforme al tratado de extradición, lo que debemos demostrar es causa probable”.

La Sección de Revisión de la JEP indicó que “si transcurrido un término razonable de 40 días, contado a partir de la comunicación de esa determinación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, no se hubiesen aportado las evidencias, deberá continuar con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”. 

En este sentido el primer escenario que se vislumbra es que la JEP sin las pruebas de Estados Unidos determine que ‘Santrich’ delinquió después del Acuerdo de Paz, por lo que sería excluido de esta jurisdicción, su caso pasaría a la justicia ordinaria y posiblemente sería extraditado.

Esta decisión posiblemente sería bien recibida por el Gobierno, Estados Unidos y la opinión pública como una muestra de independencia de la JEP, pues vale recordar que sectores como el uribismo han señalado que con esta Jurisdicción se genera impunidad en cuanto a los delitos de las Farc.

Sin embargo, un fallo contrario a ‘Santrich’ sin las pruebas de Estados Unidos, además de las protestas del partido Farc sería un motivo más para que desmovilizados como ‘Márquez’ y Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’) sostengan que no hay garantías jurídicas para los ex guerrilleros.

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Escenario 2: Sigue en la JEP

Después del 28 de enero la JEP, con las pruebas o no aportadas por Estados Unidos, continuará el proceso para determinar la fecha del delito en que presuntamente ‘Santrich’ participó. Habrá un plazo de ocho días hábiles para los alegatos de las partes y luego la Sección de Revisión tomará una decisión sobre la garantía de no extradición solicitada.

El papel de la JEP no es investigar si hubo delito o no, sino de determinar cuándo se presentó en los casos de los desmovilizados que se sometieron a su jurisdicción. En ese sentido, en caso de que determine con base en los audios de Marlon Marín que la conducta de que se acusa a ‘Santrich’ fue anterior a la firma del acuerdo, este no será extraditado, aunque su caso podría pasar a la justicia ordinaria.

Un fallo de este tipo sería muy mal recibido por Estados Unidos, no tanto porque se bloquee la extradición de ‘Santrich’ pues ya durante el proceso de paz el entonces presidente Santos negó por razones de inconveniencia la extradición de algunos ex guerrilleros de las Farc, sino porque posiblemente argumentaría que se está desconociendo el acuerdo de extradición.

Una decisión de este tipo generaría confianza en los desmovilizados de las Farc en cuanto a garantías jurídicas e incluso podría servir para que ‘Márquez’ retorne a Bogotá después de casi cinco meses que nadie sabe de su paradero, a pesar de que el fiscal Néstor Martínez dijo hace unos meses que en Estados Unidos no había investigaciones en su contra.

Escenario 3: Se bloquea proceso

Una posibilidad que surge en este caso es que la copia espejo de las interceptaciones a Marín que recibió la JEP no le permitan establecer la fecha del delito en que supuestamente participó ‘Santrich’, y en ese escenario insista a Estados Unidos que entregue las pruebas que tiene.

Es una situación que no se descarta porque independientemente de que haya solicitud de extradición o no, el Acuerdo de Paz establece que los desmovilizados que incurran en nuevos delitos perderán los beneficios y pueden ser excluidos de la JEP.

Entonces ante los graves señalamientos que existen sobre ‘Márquez’, podría resultar contraproducente para la JEP en este caso simplemente pasar la hoja porque no tuvo los elementos necesarios para establecer la fecha del delito.