EL PARO armado que se desarrolló en el departamento del Chocó finalizó ayer a las 6 de la mañana, según anunció en un audio el frente occidental del Eln, tras cinco días en que con esta acción afectó la población civil, lo que se sumó a los combates que desde hace semanas esta guerrilla sostiene con el ‘Clan del Golfo’ por dominio del territorio.
El frente guerrillero aseguró que el paro armado tuvo el propósito de “denunciar y visibilizar la connivencia y la colusión que de manera cínica tienen las Fuerzas Militares en cabeza de la Séptima División del Ejército, al mando del general Óscar León Murillo y el general Héctor Candelario, con los grupos paramilitares”.
El Eln sostuvo que 400 miembros del ‘Clan del Golfo’ incursionaron desde el río Atrato hasta el río San Juan en “complicidad de la Fuerza Pública”.
En días pasados, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, dijo sobre este accionar del Eln en el Chocó que “con situaciones como estás lo que se ve es por lo menos, una duda y poner cuestión la voluntad de paz, resulta incomprensible que y anunciado y ya desplazándose las delegaciones a México, para el quinto ciclo, precisamente se anuncie el paro armado en el Chocó”.
El pasado viernes, la Procuraduría General de la Nación hizo un requerimiento al Ministerio de Defensa para garantizar de manera urgente la presencia de efectivos del Ejército en jurisdicción del municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó, ante los enfrentamientos que vienen sosteniendo en esa región el Eln y el ‘Clan del Golfo’, afectando y poniendo en peligro a los civiles.
Los enfrentamientos armados que libra el Eln desde hace varios días con el ‘Clan del Golfo’ por control territorial en el Chocó, se dan en medio del cese el fuego bilateral al que se comprometió con el Gobierno desde el pasado 3 de agosto y hasta el próximo 29 de enero; así como del quinto ciclo de negociaciones que se lleva a cabo con la administración Petro en procura de un acuerdo de paz, que comenzó el pasado jueves en México.
En comunicación enviada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el órgano de control precisó que esa situación de orden público en Chocó ha generado homicidios selectivos, imposición de reglas de conducta, restricción a la movilidad, amenazas a líderes sociales, ocupación de bienes, confinamientos y desplazamientos forzados de los habitantes del municipio y corregimientos cercanos.
Tal situación, el Ministerio Público señala que al parecer se origina en un conflicto en la jurisdicción operacional en el municipio de Bajo Baudó, que ha conllevado a que no haya presencia de la Fuerza Pública en determinadas zonas de ese territorio, “lo que es aprovechado por los actores armados ilegales para disputarse el control del mismo, dejando graves afectaciones a la población civil, tal como se ha evidenciado en el seguimiento que realiza la Procuraduría a la situación humanitaria en ese municipio”, indicó.
En tanto que el pasado miércoles la Defensoría del Pueblo conminó a la guerrilla del Eln a levantar el paro armado en el Chocó, por la grave afectación a los derechos de la población civil.
“Le solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”, expresó Carlos Camargo, el defensor del Pueblo.
El finalizado paro armado es el sexto del año decretado por el Eln en el departamento, que afectó a más de 80 comunidades étnicas, el equivalente a alrededor de 10.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.
Quinto ciclo en México
En tanto que continuaba ayer en Ciudad de México el quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Eln que, que se adelanta desde el pasado jueves, en donde el principal propósito de los enviados por el presidente Petro es urgir a esta guerrilla que deje de secuestrar.
El dirigente ganadero José Félix Lafaurie, quien hace parte de la mesa de negociación a nombre del Gobierno, dijo que el Eln debe entender que “la libertad es el derecho fundamental por excelencia, y convertirla en mercancía con el argumento infame del ‘financiamiento’ es una degradación ética”.