En sesión presencial el Congreso Pleno eligió a los siete magistrados que integrarán la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano de regulación disciplinaria de jueces, abogados y fiscales en el país, quienes deberán posesionarse ante el presidente Iván Duque. Este organismo fue creado por la Reforma de Equilibrio de Poderes de 2015, pero no se había conformado por la incertidumbre acerca de cómo elegir a sus respectivos togados.
Los elegidos de las cuatro ternas presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura fueron Diana Vélez (214 votos), procuradora segunda ante el Consejo de Estado; Alfonso Cajiao (166 votos), exprocurador delegado para Fuerzas Militares; Carlos Arturo Ramírez (214 votos), actual magistrado y presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá; y Julio Andrés Sampedro (200 votos), docente de Derecho de la Universidad Javeriana.
De las tres ternas presentadas por el presidente Iván Duque fueron elegidos Magda Victoria Acosta (232 votos), actual magistrada provisional de la Sala Disciplinaria de la Judicatura; Mauricio Fernando Rodríguez (169 votos), actualmente conjuez de las secciones Segunda y Tercera del Consejo de Estado; y el ex contralor del Bogotá, Juan Carlos Granados (186 votos).
Al final, cada uno tomó juramento de aceptación para la designación al cargo realizada por el Congreso de la República.
El resultado de esta elección se dio como consecuencia de un acuerdo que hace varios días hicieron las bancadas de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical y de la U.
Esta sesión en pleno del Congreso de la República se realizó en el Salón Elíptico, sin embargo siguiendo todas las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia se facilitaron distintos salones del Capitolio para garantizar que los congresistas pudieran ejercer su deber constitucional de manera presencial.
El lío jurídico
La Reforma de Equilibrio de Poderes de 2015 suprimió el Consejo Superior de la Judicatura y le dio paso a un Consejo de Gobierno Judicial que asumiera parte de sus funciones y a la Comisión de Disciplina Judicial.
No obstante la Corte Constitucional en un fallo tumbó parte del artículo en donde se hacía esa reforma, dejando viva la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y validando la eliminación de la Sala Disciplinaria, la cual sería remplazada por la Comisión de Disciplina Judicial.
Pero transcurrieron 5 años sin que fuera conformada la Comisión de Disciplina Judicial porque cuando se abrió la convocatoria el Consejo de Estado la tumbó porque, dijo, se requería una ley estatutaria para la elección de los siete magistrados.
Entonces se dio la situación que mientras el Congreso no se ocupó de aprobar la respectiva ley, la Sala Disciplinaria siguió viva al amparo de un parágrafo de Equilibrio de Poderes en donde establece que funcionaría hasta que estuviera conformada la Comisión de Disciplina Judicial.
Empero el panorama cambió en agosto pasado cuando la Corte Constitucional definió una tutela del Consejo Superior de la Judicatura contra el Consejo de Estado sobre la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En ese fallo la Corte Constitucional tumbó la sentencia del Consejo de Estado al determinar que no era necesaria una ley estatutaria para la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial, al tiempo que urgió al Congreso a que antes del 20 de diciembre próximo hiciera la elección de sus 7 magistrados.
Además la Corte Constitucional indicó en dicha sentencia que un periodo de un magistrado arriba de 8 años es inconstitucional, lo que calzaba a Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes se quedaron 12 años en la Sala Disciplinaria al amparo de que se dilató la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial.
Precisamente en octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía investigar, si lo considera procedente, a los juristas Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón por permanecer por 12 años en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aunque sus periodos vencieron en 2016.
La petición surgió después de que estas personas firmaron un fallo de tutela levantando unas medidas cautelares sobre unos bienes que entregó el narcotraficante Miguel Ángel Mejía para reparar a las víctimas, que ahora otros particulares reclaman.