La Superintendencia Nacional de Salud mediante una tarea articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social, propició una mesa de trabajo para analizar alternativas que aseguren la suficiencia de la red de atención que deberá garantizar los servicios de salud a los 541.000 afiliados objeto de traslado este 6 de septiembre, como consecuencia de la liquidación ordenada al programa de salud de Comfamiliar Huila.

“Realizaremos un seguimiento al proceso de normalización de la atención y esto además incluye la fiscalización a las entidades responsables de pago en el reconocimiento de los recursos a la red prestadora”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud.

A la reunión asistieron Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud y Protección Social; Luis Enrique Dussán, gobernador del Huila; el secretario departamental, César Alberto Polanía; los representantes de la red pública hospitalaria de primer, segundo y tercer nivel de atención de Huila y un equipo técnico de alto nivel.

Estas jornadas de trabajo buscan dar respuesta preventiva a las eventuales dificultades que puedan presentarse entre los hospitales públicos y las entidades administradoras de recursos (EPS), para hacer seguimiento y eliminar prácticas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

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“La red pública es vital y por eso durante esta etapa de transición realizaremos acompañamiento en la formalización de los acuerdos de voluntades para resolver las trabas en el proceso de contratación y continuar garantizando los derechos en salud de los colombianos”, agregó Beltrán Lopez.

Todas las acciones adelantadas en este proceso por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud se orientan a garantizar el derecho fundamental a la salud de este medio millón de afiliados que no venían siendo protegidos ni asegurados en la liquidada EPS Comfamiliar Huila.

Al cierre de la reunión, el Superintendente indicó que durante el 12 y el 19 de septiembre se realizarán mesas de seguimiento a la conformación de red de prestación, formalización de contratos y verificación de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias represadas de estos afiliados, garantizando resolutividad a las necesidades de los ciudadanos.