La Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones al Gobierno nacional para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En carta enviada al presidente Iván Duque, el defensor Carlos Camargo Assís señala que en ese proceso “es esencial que se incorpore un enfoque diferencial, raizal, de género, sin discriminación y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los niños, jóvenes, adultos y personas mayores”.

También considera el defensor que “resulta necesario” mejorar la red de distribución de ayudas humanitarias, alimentos y agua potable para garantizar la accesibilidad a todos los afectados, y adoptarse medidas para evitar en los albergues la violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual.

Igualmente, dice, se necesita de una amplia red de profesionales en diferentes ramas de la medicina y la salud mental y la puesta en marcha de la Empresa Social del Estado para operar el hospital, el puesto de salud y la habilitación de la EPS.

La Defensoría pide la instalación de otro tipo de carpas, pues las actuales no son garantía de seguridad para los damnificados, así como crear espacios de educación y recreación para los niños, jóvenes y adolescentes.

En materia de saneamiento básico el organismo reclama construcción de pozos sépticos, la reparación del cable submarino, el traslado de residuos hospitalarios a San Andrés y la reparación del sistema de acueducto.

Por último, la Defensoría del Pueblo reclama medidas económicas “encaminadas a la recuperación del empleo, garantizar el derecho a la vivienda digna, el fortalecimiento del tejido empresarial, e impulsar el sector agropecuario y pesquero, entre otros, además de créditos blandos o de incentivos mediante programas como pago por servicios ambientales”.

En la misiva, el defensor del Pueblo le pide al mandatario intervenir para que se coordinen las acciones del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirigidas especialmente a la estabilización del hábitat en las islas de Providencia y Santa Catalina y prestar apoyo a las familias de San Andrés que también resultaron afectadas, y avanzar en la recuperación del archipiélago.