La Contraloría de Bogotá, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General le enviaron ayer una carta al Consejo de Estado, órgano de justicia al que le solicitaron, en forma respetuosa, que le dé prelación al trámite (de segunda instancia) de la apelación interpuesta contra el fallo del Tribunal Administrativo en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR Salitre.
“En ejercicio de las competencias constitucionales y legales, la Contraloría de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, acudimos a su Despacho con el propósito de solicitar de manera muy respetuosa, se dé prelación al trámite de la segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto dentro del asunto de la referencia”, comienza por referir la misiva.
Acto seguido, la carta explica que el recurso se presentó en razón a la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la inspección judicial practicada los días 9, 10 y 13 de septiembre del año pasado, dentro de un incidente de desacato mediante la cual la señora magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda decretó una medida cautelar de urgencia.
Dicha medida, hay que recordarlo, le ordenaba al Consorcio Expansión PTAR Salitre-CEPS entregar la Planta de Tratamiento PTAR Salitre a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a partir del día 13 de septiembre de 2021, con el fin de que iniciara la operación asistida, otorgándole al CEPS un mes para el cumplimiento de los faltantes que el gerente de la interventoría del Contrato 803 de 2016 dio cuenta en el curso de la diligencia.
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EAAB debía recibir la PTAR
Así mismo, dicha medida dispuso, y así lo recordó la carta radicada el día de ayer, que el gerente del Consorcio IVK procediera a expedir los certificados de aceptación de terminación de los lotes que conforman el HITO 1, y ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, recibir la Planta de Tratamiento PTAR Salitre para entrar a operarla con la asistencia del Consorcio CEPS.
“El recurso fue interpuesto por el doctor Néstor Guillermo Franco González, la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR) y la Empresa de Acueducto, y fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidiendo no reponer, y conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Sea la oportunidad de precisar, que en la actualidad la Contraloría General de la República se encuentra desarrollando una actuación de ‘Seguimiento Permanente a los Recursos Públicos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR Salitre’”, señaló la misiva.
Teniendo en cuenta lo expuesto, por la trascendencia e importancia de los conflictos presentados entre las partes del contrato 803 de 2016, y con el ánimo de evitar poner en riesgo el cumplimiento del contrato y los recursos públicos que se han invertido en cumplimiento de las órdenes de la sentencia, “la Contraloría de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con todo respeto, solicitamos a su despacho considerar la posibilidad de dar prelación a la resolución de la segunda instancia de los recursos de apelación interpuesto por la CAR y la EAAB, en el marco de la inspección judicial en contra de la medida cautelar impuesta por el Tribunal de Cundinamarca, incidente de desacato N.º 70, Sentencia 0479-01”, concluyó la solicitud de las entidades.
Vale recordar que esta no es la primera solicitud en días recientes que se hace con relación a esta planta de tratamiento, pues el pasado 3 de agosto la Contraloría de Bogotá se pronunció frente al hecho aparente de que la segunda fase tenía una fecha de entrega para el pasado 12 septiembre, pero el mal estado de la maquinaria de la PTAR generó retrasos.