La intervención de la Procuraduría General de la Nación en el periodo 2017-2020 ha sido constante y estratégica frente a los graves problemas ambientales que existen en el Distrito de Cartagena. Ha desplegado acciones en el marco de su función de defensa del interés colectivo y el derecho a un ambiente sano, en su rol de Ministerio Público Ambiental. Por ello ha obtenido resultados muy positivos.

Una de las problemáticas ambientales más graves que enfrenta la ciudad de Cartagena es la contaminación de su Bahía. La condición actual de esta es el resultado de múltiples intervenciones antrópicas que directa e indirectamente se vienen desarrollando desde hace varias décadas y que, de manera sistemática, acumulativa y persistente, han degradado significativamente los componentes ambientales, biológicos y físicos de este cuerpo de agua.

Al día de hoy, la gobernanza de varias autoridades en la bahía, los estudios realizados y los procesos de planificación, ordenamiento y control que inciden sobre este ecosistema, se podrían considera inútiles, ya que sus incidencias para asegurar una sostenibilidad integral no han sido contundentes.

Las omisiones de las autoridades, el desamparo histórico a las comunidades de la zona y las políticas económicas que no se compaginan con la sostenibilidad ambiental, han sido a lo largo de los años una de las situaciones que permiten que hoy la Bahía de Cartagena se encuentre en un estado de lamentable postración; estas situaciones comprometen a entidades distritales, regionales y nacionales, y a los diferentes sectores económicos, incluyendo el comercio y la industria.

Ante la situación de este importante ecosistema, en el año 2017 se interpuso una Acción Popular por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en la que se colocó de presente la grave situación ambiental de la Bahía de Cartagena; esta acción constitucional fue fallada en segunda instancia por el Consejo de Estado el pasado 21 de agosto de 2020. Una sentencia que se considera histórica. Allí se imparten una serie de órdenes coherentes con las competencias de las autoridades de todos los niveles que deben ejercer sus competencias para salvar este ecosistema; con los instrumentos de planificación que deben formularse y adoptarse para la Unidad Ambiental Costera de la que hace parte la bahía; y genera los espacios de articulación interinstitucional con las comunidades, la academia y la sociedad civil que se requieren para que todos los estamentos de la ciudad de Cartagena y del país puedan aportar eficiente y prontamente en la generación de soluciones óptimas para este importante cuerpo de agua.

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Plan de acción

Estas son las acciones de la Procuraduría realizadas y proyectadas con posterioridad al fallo de acción popular:

• Audiencia Defensa Bahía de Cartagena (16 de octubre)

La Procuraduría realizó el día 16 de octubre del presente año en  Cartagena una audiencia en la que se precisó el alcance del fallo de protección a la Bahía. En la misma participaron las autoridades obligadas con el mismo, representantes de las comunidades de la Bahía y algunos del sector empresarial de la ciudad.

En esta audiencia se contó con la intervención del magistrado Roberto Serrato, ponente de la sentencia de protección de la Bahía, quien precisó el fundamento y alcance de esta decisión; se realizaron dos paneles en los que, entre otros, intervinieron el Ministro de Ambiente, el Alcalde Distrital de Cartagena, el Director de Cardique y la representante del Consejo Comunitario de Tierrabomba, como vocera de las comunidades insulares de Cartagena.

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Con todos ellos se analizaron los retos que la sentencia establece a las autoridades, las herramientas que brinda para la protección de la Bahía y cómo este fallo del Consejo de Estado debe ser el punto de inflexión para que las autoridades, sociedad civil y comunidades vuelvan su mirada a este ecosistema y orienten recursos y esfuerzos para su recuperación y conservación.

• Herramienta de seguimiento al cumplimiento de la sentencia

Desde la Procuraduría se vigilará el estricto cumplimiento de las órdenes de la sentencia, mediante la utilización de una herramienta tecnológica de seguimiento. Esta permitirá verificar el avance del cumplimiento por orden y por entidad; generará alertas cuando se evidencien retrasos; permitirá a las entidades obligadas adoptar medidas a tiempo para cumplir cabalmente con las obligaciones a su cargo: y al Ministerio Público le entregará insumos para el cumplimiento de sus competencias misionales en relación con el fallo.

• Reunión representantes comunidades étnicas de la Bahía y área insular (23 de octubre)

El procurador general Fernando Carrillo se reunió de manera virtual con los representantes de las comunidades étnicas de la Bahía de Cartagena y el área insular. Participaron también los procuradores delegados para Asuntos Ambientales y Asuntos Étnicos.

En este espacio se acordaron compromisos importantes con las comunidades, entre ellos la convocatoria y coordinación de la primera reunión de la “instancia permanente de soluciones a problemáticas históricas de las comunidades de la Bahía”, a la que se convocarán a las autoridades competentes para definir y financiar acciones para solucionar las graves situaciones que enfrentan y el compromiso de vigilar que en el cumplimiento de la sentencia de protección a la Bahía se garantice la participación efectiva de las comunidades, con el fin que las acciones definidas en este fallo repercutan en el mejoramiento de su calidad de vida.

Los procuradores delegados para Asuntos Étnicos y para Asuntos Ambientales realizarán reuniones preparatorias con las comunidades este noviembre, con el fin de definir los aspectos necesarios para que la instancia permanente cumpla con sus objetivos.

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Con fundamento en los resultados de la primera reunión de la instancia permanente Bahía de Cartagena, el despacho del Procurador definirá si es posible expedir una Directiva o instrucción que respalde la permanencia del citado espacio y la generación de políticas públicas para la defensa de las comunidades insulares de Cartagena. Además para que los avances en materia étnica y ambiental obtenidos por la Procuraduría General en los últimos años y el proceso de empoderamiento de las comunidades de la Bahía continúe.

* Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena