El Sistema Integral para la Paz creado a raíz del acuerdo de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha instado al Gobierno a facilitar diálogos humanitarios entre las organizaciones que protagonizan el recrudecimiento del conflicto en la frontera con Venezuela, fundamentalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

El Sistema, formado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad (CVE) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denuncia que esta violencia exigen una "respuesta inmediata".

"Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia", ha denunciado el organismo.

En las últimas semanas se han producido violentos enfrentamientos en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita y la capital, Arauca, así como en el municipio de Cubará (Boyacá) que han dejado un saldo de al menos 34 homicidios, 269 declaraciones de desplazamiento forzado, cerca de 1.000 personas desplazadas, dos secuestros, y miles de araucanos confinados y con miedo ante las amenazas de los grupos armados.

El último incidentes es el del pasado miércoles, cuando se produjo un atentado con bomba en la localidad de Saravena en el que resultaron heridos cinco líderes de organizaciones sociales, objetivo del ataque. Una persona falleció. Previamente han sido atacados o amenazados líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y antiguos guerrilleros.

Según el Sistema Integral de Paz, lo que sucede en Arauca parece ser la repetición de lo ocurrido entre 2005 y 2011, cuando las dos organizaciones guerrilleras se enfrentaron y provocaron el desplazamiento de cientos de habitantes del territorio, hubo un millar de muertos y desparecieron líderes comunales, defensores de derechos humanos y campesinos.

"Hacemos un llamado a los actores armados a que respeten los mínimos humanitarios, una estrategia que nació de la comunidad araucana para clamar el respeto por la vida y la disminución del impacto del conflicto a la sociedad civil", han reclamado estas organizaciones.

Asimismo, han pedido un debate sobre los motivos de la confrontación armada. "El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia", han señalado.

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"Chantaje"

Ante las peticiones de abrir una negociación, el presidente colombiano, Iván Duque, ha descartado negociar con el "terrorismo" protegido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha advertido de que se trata de un "chantaje".

"¿Hay que aliarse con el que protege el terrorismo para que el terrorismo no actúe? ¿Hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio les permite narcotraficar, les permite planear atentados para que para que no intimiden al pueblo colombiano? Esto es un chantaje. No vamos en caer en un chantaje", ha afirmado Duque este viernes.

Duque ha asegurado en cualquier caso que Colombia es un país amigo del pueblo venezolano y que mientras él sea el presidente, "el país seguirá albergando con amor a los venezolanos que han venido con tristeza y desolación".

También se ha referido a una posible negociación la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, concretamente a las palabras del embajador ruso ante la ONU, Dimitri Polianski, quien planteó en el Consejo de Seguridad abrir con el ELN una negociación similar a la de las FARC.

"Agradecemos apoyo de Rusia en Consejo Seguridad y compartimos objetivo de lograr una paz genuina. Discrepamos amablemente de su afirmación de iniciar negociación con ELN con mismas bases de FARC. El no compromiso en acabar narcotráfico ha reeditado episodios de violencia", ha argumentado Ramírez.