El Gobierno nacional reglamentó los procesos para la ejecución del mecanismo conocido como Obras por Impuestos, que les permite a los empresarios pagar parte de sus obligaciones tributarias a cambio de ejecutar obras en las regiones más golpeadas por la pobreza y la violencia en Colombia.

Esta herramienta, explicó Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto, “es muy importante para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de esas regiones”, y es parte fundamental de la política de estabilización conocida como Paz con Legalidad.

“Lo que se pretende es que los recursos del Estado lleguen a estas zonas con mayor rapidez, que haya más plata del Gobierno y que no haya una dispersión de recursos”, explicó Archila.

La modificación de procesos para el programa Obras por Impuestos está reglamentada por el Decreto 2469 del 28 de diciembre de 2018, en el que se establece que el próximo 28 de febrero se cierra la postulación al banco de proyectos para la ejecución de obras en 2019.

Al cierre del año pasado, a través de este mecanismo se aprobaron 23 iniciativas en 28 municipios de 12 departamentos, con una inversión estimada de $220.000 millones.

Actualmente, la Agencia de Renovación del Territorio y la Alta Consejería para el Posconflicto adelantan todas las labores de apoyo, gestión y coordinación necesarias para surtir el adecuado trámite de evaluación, viabilización y registro de los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 2469.

Esta normatividad tendrá una vigencia inicial de 10 años, y aplicará solo para las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

Paz con Legalidad

Archila explicó que uno de los pilares de la política de estabilización conocida como Paz con Legalidad es el programa Obras por Impuestos, que busca acortar las brechas entre los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza con el resto del país.

“Una de las maneras de financiar este pilar es mediante la vinculación activa de los empresarios. Para atraerlos con este mecanismo, el empresario en vez de pagar sus impuestos con dinero y que se vaya a la bolsa del Presupuesto General de la Nación, escoge algunas de las líneas de inversión que son permitidas, y él mismo se encarga de realizar estas obras en alguno de estos municipios favoreciendo de esta manera a los poblaciones de las regiones que necesitamos estabilizar”, explicó.

El consejero presidencial Archila dijo que el decreto reglamentario del programa agiliza los procedimientos, disminuye los riesgos, flexibiliza las condiciones, amplía el espectro de inversiones y hace algunas modificaciones a la calificación de los proyectos elegibles.

Entidades responsables

Según el Decreto 2469 de 2018, la postulación de proyectos para ser analizados y admitidos en el programa Obras por Impuestos, cubre cinco grandes sectores, así:

1. Infraestructura vial: responsable, Ministerio de Transporte.

2. Educación pública: responsable, Ministerios de Educación Nacional y del Trabajo, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según sus competencias.

3. Salud pública: responsable, Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Agua potable y alcantarillado: responsables, Ministerios de Vivienda y de Agricultura, según sus competencias.

5. Energía: responsable, Ministerio de Minas y Energía.

Estos ministerios y Bienestar Familiar, según el caso, pueden ejercer directamente o delegar en las entidades adscritas o vinculadas las funciones que se asignan para el desarrollo del mecanismo de verificación del cumplimiento de las obras de beneficio comunitario.