El próximo miércoles vuelve al Congreso el debate sobre cuál debe ser el aporte del presupuesto nacional para superar el déficit económico de las empresas que manejan los sistemas de transporte público masivo en las principales ciudades del país.

Si bien el Ejecutivo insiste en que podría ayudar a solventar, con presupuesto público, hasta un 50% de la deuda de los sistemas, según lo han urgido alcaldes y gobernadores, algunos congresistas y otros sectores consideran que se requiere más colaboración.

A ello se suma, la polémica en torno a que se trataría de transferencias oficiales a empresas privadas o mixtas. Y, por si fuera poco, están las opiniones de quienes sostienen que estas empresas ya arrastraban déficit cuantioso antes de la pandemia y ahora están queriendo tapar con dineros oficiales los huecos financieros, bajo la tesis de que si no hay salvavidas entonces se pararían los sistemas de transporte público masivo en las grandes ciudades, por lo que los mayores perdedores serían los ciudadanos.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue citada a un nuevo debate de control político para hablar sobre el estado de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM). Allí debe explicar qué se ha hecho y se tiene previsto para enfrentar el grave problema financiero que registraron estos sistemas por cuenta de la baja afluencia de pasajeros durante los confinamientos generados por la pandemia y las pérdidas ocasionadas en la infraestructura durante los disturbios ocasionados en los paros de mayo y junio.

Semanas atrás, durante sesión semipresencial de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el senador conservador Efraín Cepeda había expresado al respecto: “La crisis de los sistemas  masivos, que han caído a causa de su desuso por la pandemia, todavía no moviliza el número de pasajeros necesarios. Una de la crisis más profunda la tiene la ciudad de Barranquilla, Transmetro paró, a pesar de los esfuerzos del alcalde de Barranquilla y la bancada Caribe”.

También preciso el congresista que en Colombia existen dos mecanismos de financiación para estos sistemas de transporte masivo: Capex (en infraestructura) y Opex (operación). “El reto consiste en mantener este último con suficientes recursos provenientes de las ciudades donde operan”, dijo Cepeda, al tiempo que agregó que como consecuencia de la pandemia las urbes destinan menos recursos para el mantenimiento del sistema.

Cepeda sostuvo que la operación de los SITM ha sido afectada debido a cierres en sectores comerciales y de educación, entre otros, que han reducido el uso de este esquema. En Barranquilla, por ejemplo, tuvo una disminución de usuarios al menos del 50%.

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Otras ciudades

Los sistemas de transporte masivo que operan en las siete ciudades más importantes del país movilizan, en promedio, 5,3 millones de pasajeros diarios.

Según cifras de un informe que publicó la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (SIMUS), esos sistemas generan 35.218 empleos directos y 46.595 indirectos.

Señaló ese mismo estudio que durante las cuarentenas y demás restricciones a la movilidad social la demanda cayó a un histórico de 1,3 millones de pasajeros diarios movilizados, lo que acrecentó la brecha entre los ingresos y los costos operacionales del servicio.

Además de la situación ya descrita en Barranquilla, en el caso de Transmetro en Medellín, este tiene un déficit de $22 mil millones de pesos y por la pandemia cayó en un 70% la movilización de pasajeros.

Mientras tanto, en Cartagena el sistema Transcaribe logró en agosto llegar a una conciliación económica por $1.937 millones con el consorcio Colcard, empresa encargada del recaudo, para reactivar las recargar de tarjetas en las taquillas de las estaciones y en los puntos externos.

En cuanto a Transmilenio, en Bogotá, por 26 votos a favor y 11 en contra, el Concejo aprobó días atrás el proyecto de llamado “Rescate Social y Económico”.

La norma inyecta recursos por el orden de $1,8 billones. El grueso de los recursos aprobados, un 80%, es decir  $1,1 billones, se destinarán al transporte masivo, mientras que el 20% restante, unos $770 mil millones de pesos.

Vale recordar que la Alcaldesa entró en polémica con sus aliados en el Concejo al incorporar este salvavidas al sistema Transmilenio en el articulado. La Alcaldía insistió en que era necesario y recordó el compromiso del Gobierno nacional para cubrir un 50 % del déficit.

En Cali, para el concejal Juan Martín Bravo, el sistema MIO desde hace una década viene arrojando pérdidas que son sufragadas con dineros públicos a través de subsidios, en detrimento de la Nación y el municipio; por esa razón interpuso la acción popular para que se intervenga a Metrocali, que es la entidad pública encargada de desarrollar y estructurar el sistema en la ciudad. “Con ello busco que el MIO no siga generando más pérdidas y que la prestación del servicio no sea tan deficiente”, advirtió.

En Bucaramanga, 50 vehículos del Metrolínea permanecieron inmovilizados por más de 40 días debido a que ninguna empresa aseguradora quiso expedir la póliza que les permitiría volver a ponerlos y con ellos restablecer todas las rutas, debido a los múltiples siniestros que se han presentado con los automotores en otras ciudades y a la crítica situación financiera.

Precisamente, además del impacto de la pandemia, se sumó el hecho de que casi todos los SITM sufrieron afectaciones durante los desmanes en medio del paro nacional de mayo y junio pasados. De acuerdo con cifras preliminares de las autoridades, los daños superaron los $60 mil millones de pesos. Entre los casos más delicados figuran el de Cali (16 buses incinerados, 45 vandalizados y 47 estaciones saqueadas) y Bogotá (con 57 estaciones y varios buses afectados).

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Límites del Gobierno

El Gobierno nacional ha mantenido su compromiso por ayudar a los SITM, pero con ciertos límites. El Ministerio de Transporte ha realizado mesas de trabajo con los diferentes entes gestores de los sistemas que operan en el país.

La propia ministra Orozco ha asegurado que “el objetivo que tenemos como Gobierno es que estos sistemas sigan prestando su servicio, que es esencial para las ciudades. Trabajamos para que con créditos puedan obtener recursos a una tasa de interés baja y asequible para los territorios”.

En ese orden de ideas se ampliarán hasta el 2023 los beneficios de crédito para departamentos y municipios, así como un apoyo extraordinario para este sector.

Pero el esfuerzo más importante está en el texto de la reforma tributaria o de Inversión Social radicado por el Gobierno y que discute el Congreso ya en segundo debate. La iniciativa contempla un salvavidas financiero billonario.

Según el articulado, el monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno nacional será hasta del cincuenta por ciento (50%) del déficit operacional certificado por cada ente gestor de los sistemas de transporte masivo y verificado por el Ministerio de Transporte.

“La Nación en conjunto con las entidades territoriales, podrá establecer esquemas de cofinanciación, para los sistemas integrados de transporte masivo, destinados a cofinanciar los déficits operacionales, originados por las medidas de restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del Sars-Covid-2 (covid-19) durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social", dice el artículo respectivo.

“Buscaremos un camino para acompañar las dificultades económicas que están teniendo los sistemas de transporte masivo como consecuencia de la pandemia por cuenta de la baja afluencia de pasajeros”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.