Fueron retirados del Ejército 31 militares que están siendo investigados por presuntos abusos sexuales a menores.

“Hoy fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados. Esta medida administrativa fue tomada conforme a las normas legales que regulan la administración de personal por decisión del comandante del Ejército Nacional”, indicó el Ejército a través de un comunicado.

Aunque en el comunicado no se mencionan las razones de las bajas, una fuente del Ejército le dijo a la agencia AFP que están relacionadas con supuestos casos de agresiones sexuales.

Los uniformados hacen parte de un grupo de 118 soldados que son indagados por presuntos casos de abusos sexuales a menores cometidos desde 2016. De ese total, 45 ya fueron alejados de la institución, aseguró el miércoles el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

Tanto la Fiscalía como el Ejército investigan todos los casos para determinar las acciones penales, disciplinarias y administrativas a la que haya lugar, señaló.

“El Comando del Ejército Nacional continúa las labores de revisión y evaluación jurídica de la situación de otros integrantes de la institución, con el objetivo de tomar las decisiones administrativas correspondientes”, agregó el comunicado divulgado ayer.

El alto Mando destapó el expediente presionado por escándalos que involucran a las tropas en violaciones de indígenas y que provocaron indignación en el país.

Ayer mismo, el general Zapateiro dijo que está comprometido con que estos casos no queden en la impunidad e insistió en que estas no son acciones propias de los hombres que le sirven a la patria.

“Todos estos procesos están en manos de la Fiscalía y los organismos competentes”, aseguró el general Zapateiro, quien mostró su indignación por estos hechos, que salieron a la luz pública por la violación de una niña de 12 años a manos de siete militares en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, el 21 de junio.

Cuatro días más tarde, estalló una nueva denuncia de violación contra una joven de 15 años, de la etnia Nukak Makú, por un grupo de militares en septiembre de 2019.

Rechazo

El Gobierno ha rechazado los ataques que se dieron a conocer precisamente, una semana después que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores, así como a asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años. 

A los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO los siete soldados del caso ocurrido en Risaralda fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario dictada por el juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico

Así lo informó en su momento el fiscal general Francisco Barbosa quien señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el fiscal Barbosa.

Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló Barbosa.