De no adoptarse medidas urgentes, las Defensorías de Familia podrían colapsar y perder competencia administrativa de sus procesos, advierte la viceprocuradora general Adriana Herrera Beltrán.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo han funcionado las Defensorías de Familia en época de pandemia?
ADRIANA HERRERA BELTRÁN: Durante la pandemia las Defensorías de Familia estuvieron recibiendo y verificando denuncias, así como solicitudes de restablecimiento de derechos acumuladas en sus despachos. Sin embargo, los procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes fueron suspendidos desde el 17 de marzo al 28 de agosto de 2020, fecha en la cual el Consejo de Estado dejó sin efecto la citada resolución, ordenando en consecuencia la reactivación de los procesos al ICBF.
ENS: ¿Las denuncias que se han presentado ante el ICBF se verifican de manera oportuna?
AHB: En esta vigilancia se evidenció que el ICBF no está dando oportuna verificación a las denuncias que interpone la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación, en los términos que establece la Ley 1098 de 2006 que son diez días a partir de la recepción, pues aún se están verificando denuncias de los años 2008 al 2019.
Esto demuestra que el Estado tampoco está llegando a tiempo para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes con derechos presuntamente vulnerados o amenazados, evidenciándose que las Defensorías de Familia no logran atender toda la demanda de manera oportuna, y no cuentan con los equipos interdisciplinarios completos (Psicóloga, Trabajador Social y Nutricionista).
Estas denuncias se han presentado especialmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, seguidas Cundinamarca, Caldas, Atlántico, Bolívar, Nariño, Córdoba y Santander.
ENS: ¿Hay suficiente presupuesto para las defensorías?
AHB: No se conoce que haya un presupuesto específico asignado al ICBF para fortalecer las Defensorías de Familia. Estas se financian con el mismo presupuesto de ingresos y gastos asignado en el Presupuesto General de la Nación al ICBF.
ENS: ¿Se han fortalecido las Defensorías de Familia?
AHB: El ICBF ha tratado de llevar personal a las regionales de mayor demanda, pero sigue siendo insuficiente ya que están de manera temporal en muchos casos y por la figura de contrato de prestación de servicios, lo que no da garantías de un trabajo continuo y permanente.
ENS: ¿Las Defensorías de Familia tienen suficiente personal?
AHB: En la encuesta realizada se evidenció que 59% de ellas no tienen equipos interdisciplinarios completos para el ejercicio de sus funciones, afectando los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su competencia. Tampoco cuentan con secretario, sustanciador y notificador, funciones que son desempeñadas por ellos mismos.
ENS: ¿Qué se ha evidenciado acerca del trabajo de los directores regionales del ICBF?
AHB: Los directores regionales dependen de la línea técnica y financiera que expide la sede nacional, por lo tanto están sujetos al presupuesto que se les asignen desde el nivel nacional para el desarrollo de sus funciones. No obstante, son autónomos en el desarrollo de las estrategias de trabajo en cada una de sus regionales de acuerdo a su ubicación geográfica, étnica y cultural para garantizar los derechos de la población en condición de vulneración o amenaza en cada uno de sus territorios.
ENS: ¿Cuál es el panorama para los próximos años en las Defensorías de Familia?
AHB: La violencia y maltrato contra los niños, niñas y adolescentes va en aumento en el país, y de acuerdo al informe de vigilancia preventiva que adelantó la Procuraduría General de la Nación, de no fortalecerse llegará el momento en que la congestión de sus despachos administrativos colapsará y conllevará la pérdida de competencia de los procesos.
A ello se suma la sobrecarga laboral: 79.21% de los Defensores de Familia, 28.5% de los Trabajadores Sociales y 22.58% de Psicólogos tienen recomendaciones médico-laborales.
ENS: ¿Qué alcanzó a hacer en este tema desde la Viceprocuraduría?
AHB: Logramos reducir en 53,71% la población en situación de vulneración de derechos con respecto a la cifra inicial que dio origen a esta vigilancia por parte de la PGN.
De otro lado, fueron capacitados 10.611 funcionarios públicos y privados para fortalecer y cualificar a los profesionales inmersos en tareas y responsabilidades relacionadas con la niñez y adolescencia de nuestro país.
Convocamos al Ministerio de Salud y Protección Social a implementar rutas de atención especializadas para el apoyo a la población con discapacidad, consumidora de sustancias psicoactivas y bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Gracias a la Ley 1996 de 2019 se logró abrir 4.953 cupos para atención integral a menores con discapacidad que tenían derechos amenazados o vulnerados.