Constantemente estamos expuestos a recomendaciones frente a las medidas que se pueden tomar para evitar situaciones que pongan en peligro aspectos tan importantes para la vida como la salud, la adquisición de vivienda, ahorro e inversión, así como frente a fenómenos climatológicos, entre otros muchos temas. Prevenir va más allá de generar alertas frente a posibles riesgos, pues las advertencias sin acciones son estériles.
Un escenario donde la identificación de riesgos para la prevención tiene un alto impacto sobre el bienestar de la ciudadanía es, precisamente, en el control a la gestión pública, pues una buena administración se traduce en más y mejores bienes públicos y mayor garantía de derechos. El enfoque común para ejercer control es el basado en controles sancionatorios, que se caracteriza por actuar posteriormente.
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La razón de su popularidad radica en que es más fácil identificar el impacto de situaciones en las que el daño está hecho; el control termina basándose en castigos y recibiendo una mayor atención por parte de la ciudadanía, que termina enfatizando en la cantidad de “positivos” en las investigaciones, el número de sancionados o la severidad de las condenas. El problema de este enfoque es que desconoce las numerosas veces en que las acciones preventivas inhiben la ocurrencia de hechos perjudiciales en la gestión pública, la profundización de la pobreza, el desarrollo económico y el descontento social.
Sancionar y castigar las conductas y fenómenos de corrupción y mala gestión es necesario no solo por su efecto disuasivo, sino porque permite hacer visible a los responsables y determinar patrones de comportamiento a identificar y atacar. Sin embargo, un control de gestión pública que se base más en la detección y castigo de estas conductas y menos en su prevención, lleva a un deterioro de la confianza de la ciudadana en las instituciones, toda vez que es difícil identificar si el aumento de las sanciones es producto de un aumento en la efectividad del control, o un aumento en los niveles de corrupción.
Es ahí donde radica la importancia de la Constitución Política a la hora de otorgar elementos preventivos al control político, fiscal, disciplinario, social e interno, en el entendido que hace visible las deficiencias y los caminos de trabajo donde es preciso iniciar actividades preventivas.
Capacidad preventiva
Precisamente, la Procuraduría General de la Nación, en uso de su competencia preventiva, y apoyándose de manera articulada con sus otras funciones de intervención y disciplinaria, ha fortalecido su capacidad preventiva, con el fin de entregarle al país resultados y promover tanto la garantía de los derechos de los ciudadanos como el eficaz y transparente ejercicio de la función pública.
Prevenir no es una tarea sencilla, la prevención en la Procuraduría tiene como gran propósito la promoción de la garantía de los derechos, fundamentada en capacidad anticipatoria, gestión inteligente de la información, mediante herramientas de analítica y big data y el análisis de los riesgos en los ciclos de las políticas públicas, siempre con la meta de generar valor público para los ciudadanos. Obtener más resultados y de mayor impacto ha sido posible gracias a la generación de un número destacable de estrategias, proyectos, metodologías, campañas de comunicación y pedagógicas internas y externas, capacitaciones, uso de tecnologías de la información y, sobre todo, una organización estratégica que permitió adaptar nuestras capacidades a la amplitud de temáticas objeto de vigilancia.
Así las cosas, con propósitos claros y con herramientas eficaces se han obtenido con el ejercicio de la prevención un conjunto significativo de logros para la gestión pública y sobre todo en materia de garantía de los derechos de los colombianos. Gracias a las delegadas con funciones preventivas podemos referirnos a logros en variados y numerosos temas: vigilancia durante la emergencia con ocasión de la pandemia de Covid-19; la campaña “Procurando Salud”; la defensa de los derechos del campesinado; el proyecto de reforma a la justicia: “Voz por la Justicia”; la implementación de la política preventiva de protección a pueblos étnicos; las intervenciones en derechos humanos en el sistema carcelario y en la protesta social; las cumbres de dialogo social en los territorios; la atención a situaciones de violencia de género; campañas por la transparencia y la integridad; la identificación y gestión de conflictos de interés; el seguimiento al cumplimiento de la política de restitución de tierras, o los informes de seguimiento al Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas. Todos ellos son solo algunos de los frentes en los que la vigilancia preventiva ha operado durante la Procuraduría Ciudadana.
En materia de contratación pública, se ha logrado aumentar desde 2018 en un 135% el monto de contratos de entidades públicas vigilados preventivamente, pasando de $18,6 billones a $43,7.
Lo anterior ha sido posible gracias al fortalecimiento de la capacidad analítica y el talento humano de la Procuraduría, que permite hoy en día, monitorear, focalizar y atender con alertas tempranas posibles hechos de corrupción o irregularidades contractuales, evitando así consecuencias que pueden ser nefastas para las finanzas públicas, pero más importante aún, para la garantía de derechos.
Otro de los frentes en los que la vigilancia preventiva opera arduamente es en asegurar procesos meritocráticos en el acceso al empleo público. Un ejemplo de ello fue el despliegue de la gran vigilancia preventiva sobre el proceso de elección de personeros para el periodo 2020-2023, que buscó que las personas que lleguen a esos cargos sean las que objetivamente son más aptas para ejercerlos y así dar cumplimiento al principio del mérito en el ingreso a la función pública.
Sin embargo, persisten retos importantes por afrontar: la pandemia, la reactivación socioeconómica del país, las dinámicas y cambiantes estrategias de corrupción, la articulación entre los órganos de control y las demás ramas del poder público, la consolidación de nuevas formas de prevenir, entre otros.
Finalmente, toda esta gran estrategia no puede cristalizarse, sino se cuenta con un compromiso de una ciudadanía corresponsable y participativa, unas entidades transparentes que rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos, y con servidores íntegros y probos, claro está, bajo la sombrilla de estrategias de cambio cultural.
* Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública