A FALTA de unas pocas semanas para finalizar el primer periodo de la tercera legislatura, la agenda económica en el Congreso de la República se mueve con fuerza. Sin embargo, las discusiones de la ley de financiamiento, la ley de Regalías y el Sistema General de Participaciones (SGP), comenzaron una carrera contrarreloj para que no terminen archivándose.

Desde la Casa De Nariño se hacen ingentes esfuerzos para lograr la aprobación de los proyectos de origen gubernamental; sin embargo, sobre algunas de ellas los parlamentarios han mostrado su descontento y han manifestado no apoyarlas por considerarlas lesivas en ciertos aspectos. Como se sabe, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, reiteró ante el pleno del Senado de la República que el Gobierno respalda el proyecto de reforma al SGP, no solo por tratarse de una norma constitucional, sino porque se requiere para bajar la carga de obligaciones a la nación pese a que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, no está de acuerdo con esta postura.

Otro de los aspectos relevantes que se conoce es que la ley de financiamiento que busca recaudar $12 billones de pesos con nuevos gravámenes, no ha tenido la acogida que se esperaba desde el Gobierno al interior del Congreso. En ese sentido, los senadores y representantes de oposición han señalado a EL NUEVO SIGLO que al gobierno de Gustavo Petro ya se le aprobó una reforma tributaria en el año 2022, y en las actuales condiciones económicas del país no es prudente aprobar otra.

Sin embargo, el principal cuello de botella se está generando en las iniciativas de regalías y SGP, por lo que las discusiones se han centrado en el porcentaje y la manera como estos recursos deben llegar a las regiones. No obstante, los parlamentarios regionales han señalado que la burocracia no permite el despegue del proyecto y añaden que algunas regiones no reciben un porcentaje de recursos correspondientes pese a ser principales productores de regalías. Así las cosas, el Congreso de la República tiene pendiente la discusión en los próximos días de los siguientes proyectos que determinarán el futuro fiscal del país en los siguientes dos años que le quedan del actual gobierno.

1. Ley de Financiamiento: Las Comisiones Económicas Conjuntas de Cámara y Senado, sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el objetivo de desenredar los puntos en los cuales el Congreso y el Gobierno consideran neurálgicos en esta iniciativa. Para ello, Bonilla recibió en el ministerio a 25 legisladores entre quienes asistieron, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, presidente del Senado e integrante de la Comisión Tercera; Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, así como representantes a la Cámara. El encuentro giró en torno a temas centrales como reforma tributaria, ajustes en el presupuesto nacional y estrategias para reactivar la economía. Sin embargo, EL NUEVO SIGLO ha conocido que bancadas como la Liberal, el Centro Democrático, Conservadores y Cambio Radical de Tercera y Cuarta en Senado, han advertido que no aprobarán este proyecto por considerar que el Gobierno genera más impuestos, su agendamiento se espera próximamente.
2. Ley Bianual de Regalías: Este es uno de los proyectos que se encuentra más colgado de tiempo en el Congreso de la República. El pasado 30 de octubre se aprobó el monto de inversión el cual fue fijado en $30,9 billones de pesos a través de un consenso alcanzado en las Comisiones Económicas Conjuntas de Cámara y Senado. Sin embargo, el proyecto debe ser aprobado por el Congreso antes del 5 de diciembre o de lo contrario saldrá por decreto del presidente Gustavo Petro. El último debate estaba programado para el pasado 28 de noviembre, no obstante, una controversia entre la presidencia de la Cámara y los partidos de oposición generó que estos últimos se retiraran del recinto sin hacer la votación del proyecto. La Cámara, realizará esta votación el próximo 2 de diciembre, por su parte en el Senado se llevará a cabo la discusión el 3 de diciembre y se espera que en esa sesión se de la aprobación del proyecto.

3. Sistema General de Participación: La reforma constitucional que modifica el régimen de transferencias de la nación a los entes territoriales, departamentos y municipios, fue aprobada el pasado 29 de octubre en el Senado, para fortalecer la autonomía administrativa de las regiones. El articulado fue objeto de una serie de modificaciones en las que se establecieron un porcentaje de 39,5% de los ingresos corrientes de la nación en transferencias; un proceso de transición de 12 años; se implementará una ley de competencias; se incluye la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y dos años de educación superior, con la concurrencia del Gobierno nacional; se reduce a seis meses el tiempo de la presentación de la ley de competencias con el objeto de tener un año para discutirla; se incluye como principal objetivo, el marco de cierre de brechas. La iniciativa alcanzó 75 votos a favor y ahora la Cámara de Representantes definirá el futuro del proyecto.

4. Reforma Laboral: Aprobada en segundo debate por la Cámara de Representantes el pasado 17 de octubre, la reforma laboral pasa a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, pero dado su origen gubernamental no se vislumbra un panorama claro sobre la discusión de este proyecto. En esa célula legislativa la oposición impone mayorías y antes de confirmar los coordinadores y ponentes para primer debate, congresistas como Nadia Blel del Partido Conservador, y Honorio Henríquez del Centro Democrático han explicado que se realizarán audiencias públicas antes de llegar al tercer debate. Esto con el fin de escuchar a los principales actores empresariales y económicos del país y determinar los cambios al texto que serán discutidos por la comisión. Para el senado, generan preocupaciones los contratos de aprendizaje, las licencias laborales, y las gabelas sindicales.

5. Ley de Jurisdicción Agraria: En junio de este año la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley estatutaria en el que se estructurará la Jurisdicción Agraria y Rural, que busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales, estableciendo la creación de tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios. En cuanto a los órganos de cierre, serán: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Por otra parte, en el Senado de la República, ya se discute el informe de ponencia de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria que le da base a la tenencia, deslinde y extinción del derecho de dominio de la tierra en Colombia, genera herramientas judiciales a los jueces agrarios para determinar diferendos agrícolas y procede al cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 en relación con la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado. Frente a la discusión de este proyecto, se debe tener en cuenta los recursos que debe destinar el Estado para su implementación y funcionamiento en caso de ser aprobado.

6. Reforma a la Salud: Aprobada ya en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el proyecto ya tiene ponencia de discusión en la Plenaria de la Cámara de Representantes y pese a que el Gobierno hace mayorías en esa célula legislativa, el representante Andrés Forero ha insistido en que esta iniciativa es regresiva y que le da facultades a los gobernadores como administradores de los recursos sin ningún tipo de control. Por su parte, la representante Martha Alfonso de la bancada de Gobierno, llamó la atención sobre las funciones que este proyecto le otorga a las EPS, que, aunque las renombra sobre el articulado estas entidades tienen más poder lo cual puede llegar a ser mucho más perjudicial para el sistema. El Gobierno espera que este proyecto sea aprobado antes de finalizar esta legislatura, lo que dejaría la discusión en el Senado para el próximo periodo.