Los servidores públicos que beneficiaron a los condenados por el 'Carrusel de Contratos' en Bogotá, específicamente Emilio Tapia Aldana, Guido Nule Mariño y Mauricio Antonio Galofre Amín, serán interrogados. Así lo anunció la vicefiscal María Paulina Riveros.

“No se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización del que trata el artículo 64 del Código Penal. Por esta razón la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto escuchar en interrogatorio que procedieron a otorgarlos beneficios a los condenados mencionados”.

Asimismo, la vicefiscal detalló que Tapia Aldana, Nude Mariño y Galofre Amín, fueron responsables "de afectar las finanzas públicas de Bogotá dentro del caso conocido como el Carrusel de Contratos, cuya defraudacion superó los 500 mil millones de pesos”.

El papel de los implicados en el escándalo de corrupción:

Guido Alberto Nule Mariño

Era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule. En su contra existen dos sentencias condenatorias; una a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación.

La segunda a 8 años y  6 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Emilio José Tapia Aldana

Era el intermediario de recibir y entregar las coimas al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván.  Tapia tiene en su contra tres condenas. La primera a 42 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir; la segunda, a 8 años y 2 meses de prisión por cohecho propio como interviniente e interés indebido en la celebración de contratos; y la tercera, a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente tiene 4 investigaciones en curso.

Mauricio Antonio Galofre Amin

Era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Tiene dos condenas en su contra. La primera a 11 años  y 9 meses por el delito de peculado por apropiación; la segunda, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

El próximo 18 de enero se llevará a cabo en Valledupar, la audiencia de verificación de allanamiento falsedad en documento privado.