La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, insistió que ante el país se ha hablado claro sobre el tema de esta megaobra
No hubo acuerdo entre el Gobierno y los bancos para el pago de los intereses que hay en el crédito de la megaobra Ruta del Sol II.
Así lo aseguró desde Shangai la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien manifestó que el Estado ya ha hecho pagos a los bancos que financiaron el proyecto, donde acompañaron los entes de control, pues se seguían órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a pesar de que se esperaba hacer una negociación para que las entidades financieras renunciaran a los intereses en medio de una conciliación judicial, la cual no se hizo.
"No llegamos a un acuerdo, y finalmente no se llegó a eso, el Tribunal no accedió y nos atendremos a lo que diga el Tribunal, que está mirando cómo es la liquidación del contrato, y el cual tiene tres peritajes", dijo Orozco.
Así las cosas, la decisión final la tendrá el Tribunal de Arbitramento que tendrá que pronunciarse el próximo martes.
La funcionaria insistió que ante el país se ha hablado claro sobre el tema de la Ruta del Sol, en donde se ha explicado el paso a paso de los avances del proceso.
“Era una conciliación y no se llegó a un acuerdo sobre la manera de cómo (y) cuándo. Era una conciliación judicial que pasaba a concepto de la Procuraduría; quiero ser clara en algo aquí el gobierno no estaba haciendo nada detrás de nadie”, recalcó.
Debido a esta polémica, la oposición, en cabeza del senador Jorge Robledo, pidió la renuncia de la ministra Orozco argumentando que fue una "jugadota", intentada según él por la funcionaria para pagarle a Odebrecht $1,2 billones al declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol.
Gremios piden que se reconozcan pagos
Un llamado para que se paguen las obligaciones a las entidades financieras que han financiado de buena fe la construcción de obras de infraestructura hicieron los sectores de la producción en Colombia, representados por el Consejo Gremial Nacional (CGN).
A través de un comunicado, el Consejo Gremial señaló que teniendo en cuenta que “las iniciativas de concesión se ejecutan con capital privado, el legislador y la jurisprudencia han establecido de forma clara que, cuando el Estado reciba un activo, como lo es una obra en la cual no ha invertido recursos, debe responder por ese activo y pagar para que se atiendan las obligaciones con los terceros de buena fe, como son los empleados, proveedores y financiadores”.
“Particularmente, frente a las entidades financieras que, por la naturaleza jurídica de los contratos de asociación público privada (APP), de buena fe han financiado la construcción de infraestructura pública, de acuerdo con la normatividad sobre contratación pública tienen derecho al reconocimiento y pago de tales dineros en razón de las obras recibidas”, señaló el Consejo Gremial, que también indicó que respalda las gestiones del Gobierno para preservar la confianza y la seguridad jurídica en el financiamiento de obras de infraestructura.
El CGN aseveró que la vinculación del capital privado en grandes proyectos hace parte “del interés general”, premisa que lleva a “la necesidad de garantizar la estabilidad jurídica permitiendo que los financiadores e inversionistas cuenten con reglas claras y estables para invertir en el desarrollo, el establecimiento de sólidos controles que aseguren que todos los actores públicos y privados trabajen bajo principios de integridad y transparencia y de tener un entendimiento profundo del rol de cada uno de los actores; a fin de fomentar la generación de empleo y el crecimiento económico”.
La comunicación fue firmada por los gremios Acolfa, ACM, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, ANDI, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegan, Fedepalma, Fenalco, Fenavi y la SAC.