La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares, se abstuvo de responder un derecho de petición que le formuló el senador Ernesto Macías, en el que pidió información sobre la estructura administrativa y financiera de la justicia transicional.

En su solicitud, Macías, presidente del Senado, también pidió información sobre los procesos contractuales que le corresponde adelantar a la corporación para el desarrollo de sus funciones.

“De manera respetuosa me permito expresarle que, en calidad de Presidenta de la JEP, no puedo contestar las preguntas formuladas por su despacho en el marco de un proceso de control político, por razones de autonomía e independencia judicial (Artículo 228 de la Constitución Política), como no lo puede hacer ningún magistrado de Alta Corte Judicial en Colombia”, dice la respuesta de Linares.

Linares, no obstante, le dio traslado de la solicitud a María del Pilar Bahamón Falla, secretaria ejecutiva de la JEP, para lo de su competencia.

Ante esta respuesta, Macías consideró que “funcionarios de la JEP que manejan dineros públicos no están por encima de la Constitución ni la ley. Los dineros del Estado no tienen reservas. He solicitado a la Procuraduría y Contraloría se investigue la negativa de JEP a informar destino de recursos”.

Entre los argumentos expuestos por Linares está que “los magistrados de la JEP estarán sometidos al mismo régimen especial previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al régimen disciplinario previsto por la ley para jueces y magistrados de las otras jurisdicciones. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidas en sus providencias judiciales, proferidas en ejercicio de su independencia funcional”.