El Gobierno, respaldado por el Decreto 1070 de 2015, decidió retirar las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por su implicación en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien fungía como comandante de la Brigada XIII del Ejército durante los eventos del Palacio de Justicia en 1985, fue objeto de la retirada de sus condecoraciones, una medida sin precedentes que responde a su condena por delitos dolosos relacionados con la desaparición forzada de personas durante la operación.
El hombre fue condenado en 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá y ratificado en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia, en 2019, confirmó la sentencia, considerándolo coautor de la desaparición forzada de cinco personas durante la operación militar. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también excluyó al general en 2023 por no cumplir sus obligaciones y no contribuir a la verdad.
El retiro es respaldado por el Decreto 1070 de 2015, es una medida impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Néstor Osuna. Helena Uran Bidegain, hija de una de las víctimas, desempeñó un papel clave al solicitar formalmente la revocación de los honores otorgados al militar.
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En el decreto 0018 de 2024, se detalla la pérdida del derecho al uso de las condecoraciones, incluyendo la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público (1985), la Orden al Mérito Militar "Antonio Nariño" en grado de Gran Cruz (1986), la Orden al Mérito Naval "Almirante Padilla" en grado de Gran Oficial (1989), y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial (1989).
Esta medida se suma a la prohibición de visas de Estados Unidos a Arias Cabrales y su familia en 2023, subrayando el alcance internacional de las repercusiones de sus acciones. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, busca reafirmar su compromiso con la justicia y la memoria de las víctimas, marcando un hito en la historia de las sanciones a altos funcionarios militares por violaciones a los derechos humanos.