Esta semana el exgobernador del Vichada, Sergio Espinosa, fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá

______________

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia recibió por lo menos 737 denuncias contra funcionarios de todo el país.

De acuerdo con el ente investigador, quedaron en indagación poco más del 60% de estas, lo que implica que abrieron en total 455 investigaciones en el último año. “Se hicieron 39 imputaciones por delitos contra la administración pública, lo cual representó un incremento del 15%, con relación al año anterior”, sostuvo la entidad.

Adicionalmente, la entidad hizo 32 acusaciones contra funcionarios y logró tres sentencias. Esta semana adelantó varias imputaciones, por presuntas irregularidades en la contratación, detectadas en el Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonia y Orinoquia (Ciner).

El exgobernador de Vichada (2012-2015), Sergio Andres Espinosa, fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado agravado. El exfuncionario fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Por los mismos delitos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, formuló cargos contra el gobernador encargado de Vichada, Manuel Alberto Villalba Tavera.

La investigación se deriva de supuestas inconsistencias en un contrato de compraventa, celebrado en diciembre de 2015, entre la Unión Temporal Dotación Vichada y la Gobernación de Vichada, cuyo objeto era la “dotación del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (Ciner)”, cuyo valor ha sido calculado en más de $2.318 millones.

En las indagaciones, la Fiscalía evidenció un benefició indebido a favor de la mencionada unión temporal y un posible peculado de $1.601 millones.

Por estos hechos y por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el Juzgado Primero de control de garantías de Puerto Carreño (Vichada) impuso medida privativa de la libertad a Germán Salas, jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Vichada, y medida no privativa para Carlos González Arias, jefe de Compras y Servicios de la gobernación.

Salas y González Arias son procesados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedades.

Cabe destacar que en otra línea de investigación, relacionada con las presuntas irregularidades en el Ciner, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó al ex gobernador de Vichada, Sergio Andrés Espinosa, porque después de dejar el cargo, habría pagado para que le informaran sobre el avance de las indagaciones en su contra.

"En ese sentido, también le fueron formulados cargos al fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos de Vichada, Luis Sáenz, como presunto responsable del delito de cohecho", sostuvo la Fiscalía.

Según el organismo el funcionario judicial supuestamente intentó obtener información privilegiada sobre las investigaciones en las que estaría involucrado el exgobernador Espinosa.

El vicefiscal también destacó investigaciones que se adelantan en el departamento del Meta, en un caso en el que están comprometidos $1.473 millones y vinculadas 22 personas dentro de las que hay funcionarios de la rama judicial, jueces y magistrados, entre otros. Adicionalmente en Norte de Santander se investiga desvíos de por lo menos $100.000 millones. En estos hechos están involucrados funcionarios judiciales, entre los que se encuentran dos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal, abogados y jueces.

En otros hechos, esta semana fueron capturados 5 funcionarios y exfuncionarios de la ESE Hospital Sur Oriental de Chinácota (Norte de Santander), por presuntas irregularidades al interior de esa entidad de salud. El ente acusador los presentó ante juez con función de control de garantías para imputarles cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y concierto para delinquir. De acuerdo a la investigación, se habrían presentado malos manejos en la contratación del personal y se estarían presentado sobrecostos en la facturación, entre otras irregularidades.