En el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Plena de la Corte realizará hoy una audiencia pública, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., para identificar los avances, obstáculos y retos en la garantía de los derechos de esta población.

Participarán delegados del Gobierno, autoridades locales, órganos de control, representantes de las víctimas y los acompañantes permanentes del proceso de seguimiento.

En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado.

De acuerdo con el Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,  “el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Por ello, la Corte Constitucional señaló que conserva la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas y asegurar que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población desplazada. 

En la audiencia de hoy participarán la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública del Desplazamiento Forzado y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur.

Por el Gobierno nacional estarán presentes delegados del Ministerio del Interior, de la Unidad para las Víctimas, de la Unidad de Restitución de Tierras y del Departamento Nacional de Planeación.

En tanto que por las autoridades regionales intervendrán el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En la citada audiencia la Corte también buscará identificar la forma, el ritmo, las metas y los mecanismos a través de los cuales el Gobierno nacional avanzará en la garantía de los derechos de los desplazados; así como el escenario de riesgos asociados a este fenómeno y la respuesta estatal para la protección de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal de esta población.

En este contexto, la audiencia contempla dos enfoques temáticos: el primero de ellos tiene como objetivo precisar el contexto fáctico y las dinámicas actuales de desplazamiento forzado a nivel regional y subregional; así como la respuesta institucional dispuesta para mitigar las situaciones de riesgo que afrontan las comunidades y que inciden en su desplazamiento.

El segundo enfoque se concentra en los avances y resultados, así como los retos y condiciones necesarias para garantizar los derechos de la población desplazada, considerando la capacidad institucional; la articulación entre los niveles de gobierno (la capacidad presupuestal); la incorporación del enfoque diferencial; así como las obligaciones constitucionales y legales en relación con la garantía de los derechos de la población desplazada.

Contexto

La declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte estuvo enmarcada en un contexto de agudización del conflicto armado y la violencia. Las emergencias por desplazamiento alcanzaron su punto más crítico entre 2000 y 2002, período en el que, cada año, en promedio se desplazaron más de 670.000 personas, provenientes del 99% de los municipios de Colombia, según informes de los órganos de control.

La Corte reseña en el Auto 634 de 2018 que “el promedio anual durante 2009 y 2014 se mantuvo en 480.000 víctimas de desplazamiento, cifras que presentaron un importante descenso durante 2015 y 2017, período en el cual el promedio de expulsión anual se sitúa en 154.000 personas”. 

Añade el alto Tribunal que “en este contexto, si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”.

Durante el período 2015-2018, el desplazamiento forzado disminuyó en términos globales, pero los desplazamientos masivos registran un aumento constante, según la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.