Es urgente intervenir de fondo el control fiscal en el país y hacer una reforma gradual, indicó ayer el auditor general Carlos Hernán Rodríguez, quien considera que hay exceso de contralorías regionales así como faltan recursos y personal para cumplir a cabalidad la función que tienen de cuidar los recursos públicos.

Llamó también la atención por la creación de más contralorías en el nivel territorial, “que me parece no tiene ningún tipo de justificación. Puedo poner ejemplos como la Contraloría de Floridablanca en el departamento de Santander, la Contraloría de Rionegro en el departamento de Antioquia, la Contraloría de Tuluá en el departamento del Valle”.

Añadió el Auditor General que también hay “unas contralorías que no se hacen viables debido a que tienen más personal de carácter administrativo que la propia función misional. Y la verdad es que hoy en día hay una precariedad, una ineficiencia y una ineficacia en lo que es el control a nivel territorial”.

Por ello, Rodríguez planteó que “es una situación que se debe ir estudiando e ir haciendo una reforma de manera gradual al sistema nacional de control fiscal”.

El Auditor General hizo algunas de estas apreciaciones esta semana en Bucaramanga en el primer Congreso Nacional de Contralores, en donde dijo que faltan recursos económicos y humanos para una mayor cobertura a la vigilancia del erario.

Añadió que la insuficiencia de los mismos pone en dificultades a los organismos de control fiscal para atender con eficiencia y oportunidad la vigilancia de los recursos públicos. En promedio, por cada peso que el país invirtió en las contralorías durante 2017, estas debieron controlar $630,80 del presupuesto ejecutado por los sujetos de control, encontrando contralorías que por cada peso asignado en su presupuesto controlaron hasta $3.026.

Rodríguez Becerra recalcó que el presupuesto destinado históricamente a la financiación del control fiscal en el país ha sido a todas luces insuficiente, y el panorama a mediano plazo no es promisorio pues en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto se tiene previsto para los próximos cuatro años destinar $111 billones al Pacto de Legalidad que incluye los sectores defensa, justicia, seguridad y organismos de control. “Es decir, $58 billones menos que en el cuatrienio pasado, situación que podría afectar notoriamente el panorama”, indicó el Auditor.

Otro llamado de atención de la Auditoría General de la República tiene que ver con la disparidad de criterios para determinar la conceptualización y alcance respecto de los sujetos y puntos de control. Esta falta de unificación de quién es sujeto o punto de control, incrementa el riesgo de que el control fiscal no llegue a donde debe llegar y de que una parte de los recursos públicos del territorio de competencia de las contralorías que presentan inconsistencias en la información, no estén siendo auditados.

Sin embargo, reiteró el Auditor General, se deben emplear criterios claros y unificados para identificar los sujetos y puntos de control, siendo necesario que las contralorías lo establezcan mediante acto administrativo.

Llama la atención de la Auditoría, la “gravísima precariedad” en la calidad de la información que reportan los organismos de control territorial, aspectos que evidencian la urgencia con la que debe intervenirse el control fiscal por la vía de la formulación e implementación de una política pública de Control Fiscal dirigida a asegurar la operación armónica del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof).

“En conclusión, lo qué no tolerará la Auditoría General de la República, es que no se cumplan las reglas establecidas para el reporte de información, pues las inconsistencias detectadas perjudican la eficiencia y eficacia del control fiscal. Por eso, estamos iniciando procesos administrativos sancionatorios a los contralores del país que no hayan cumplido de manera oportuna y veraz con su obligación de presentar la información correspondiente”, subrayó el Auditor General de la República.