Sacar a flote al país en el “mar” de coca en que lo dejó “nadando” el gobierno Santos, es el principal reto que tiene la administración del presidente Duque para este 2019.

No es una tarea fácil. Por el contrario el auge del narcotráfico continúa siendo la principal preocupación de la Casa de Nariño, más aún porque el margen de tolerancia de Estados Unidos frente al crecimiento geométrico de los cultivos ilícitos y un potencial de exportación de cocaína por encima de las 900 toneladas, es cada día más estrecho, como lo ha advertido la Casa Blanca en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

El panorama con que arranca el nuevo año es bastante complejo, toda vez que, en el mejor de los casos, la extensión de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola estaría alrededor de 170.000 hectáreas, después de que al comienzo de 2018 las cifras norteamericanas, señalaron la existencia de 209.000 hectáreas, cinco veces más que en 2013.

Este segundo semestre, una vez se posesionó Duque, la estrategia del Gobierno se basó en tres elementos claves. El primero, la formulación de un nuevo plan antidroga que tardó varios meses en concretarse y solo vino a oficializarse hace dos semanas bajo el nombre de “Ruta Futura”. El segundo fue la adopción de medidas inmediatas, como la decisión de no volver a firmar acuerdos con campesinos para la erradicación voluntaria de los cocales así como  una estrategia de choque para la Fuerza Pública con el fin de darle un nuevo impulso a la erradicación de narcocultivos, contemplando de nuevo la posibilidad de fumigar con glifosato con drones a mediana altura. Y el tercer aspecto en que se avanzó en este arranque gubernamental fue en el relativo a prohibir el porte y consumo de la dosis personal de drogas en espacios públicos, sobre todo en parques y entornos escolares. El respectivo decreto, que comenzó a regir el 1 de octubre pasado, ha dado resultados positivos pero su suerte está en manos de la Corte Constitucional en la que hay varias demandas en su contra.

Paralelo a lo anterior la Casa de Nariño ha endurecido su postura frente a las disidencias de las Farc y los cabecillas desmovilizados de esa guerrilla, como ‘Márquez’ o ‘El Paisa’, de los que hoy no se sabe si continúan o no sometidos al acuerdo de paz firmado a finales del 2016 con la administración santos. Esto porque está comprobado que estas facciones disidentes se han fortalecido en el último año alrededor de las zonas con mayor densidad de narcocultivos, incluso en la alianza o combate abierto con bandas criminales, la guerrilla del Eln y hasta con carteles mexicanos.

Lo que viene

Como se ve 2019, en realidad, es el año en que el gobierno Duque tiene cifradas sus esperanzas de poder frenar el auge narcotraficante. Para ello ya tiene una estrategia, como lo es el plan “Ruta Futura”, que combina metas ambiciosas en materia de destrucción de no menos de cien mil hectáreas de narcocultivos, ofensiva policial y jurídica contra el microtráfico, endurecimiento de las normas de extinción de dominio y un plan integral de prevención de las drogadicción, cuyos índices están disparados en Colombia, sobre todo al consumo de marihuana, drogas sintéticas y cocaína. Aquí serán clave los dos planes estratégicos de la Policía y las Fuerzas Militares, denominados en ambos casos “Bicentenario”, que prevén una mayor operatividad en una serie de zonas de alto impacto del narcotráfico, en donde se redoblará el pie de fuerza así como los barridos permanentes de las áreas erradicadas con el fin de romper la columna vertebral del mayor problema que hay en esta lucha: el alto porcentaje de resiembra por parte de los cocaleros una vez que las autoridades destruyen los sembradíos ilícitos. Los cálculos del ministro de Defensa, Guillermo Botero, son que la resiembra esta entre un 25 y 30%.

Sin embargo el mayor desafío continúa siendo cómo reactivar la fumigación aérea de los narcocultivos, sobre todo porque la Corte Constitucional ha insistido este año en que para la utilización del glifosato o cualquier otro químico en la aspersión aérea se requiere que el Gobierno compruebe de manera previa que los mismos no tienen consecuencias nocivas para la salud humana, las fuentes de agua y la capa vegetal legal.

Aunque el Ejecutivo insiste en el tema del glifosato así como de otras dos sustancias para este fin, lo cierto es que no tiene estudios certeros que le permitan sustentar su utilización en el marco y las condiciones exigidas por la corte.

Adicionalmente está el tema de Venezuela, ya que ese país, bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, es hoy por hoy la mayor ruta del narcotráfico en Latinoamérica, incluso con el asocio, presuntamente, de carteles de militares y policías de la vecina nación con disidencias de las Farc, elenos, bandas criminales y hasta carteles mexicanos.

Como bien lo indicó a Fiscalía, es claro que el negocio del narcotráfico sólo se detendrá cuando las autoridades lo golpeen en donde más le duele, es decir en las millonarias ganancias. Para ello el próximo año será determinante para la aplicación de las nuevas normas para agilizar la extinción de dominio así como reducir los beneficios penales y penitenciarios a los sindicados y condenados por este delito.

Como se ve, el 2019 será el año de prueba piloto de “Ruta futura”, el nuevo plan antidroga del gobierno Duque. Solo con el correr de los meses se sabrá si surte buenos resultados o el país seguirá nadando, como lo dijo un exprocurador general, en coca.