El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le salió al paso a los rumores de una posible “cartelización” en el trámite de contratos del Fondo Colombia en Paz (FCP) para obras regionales.

El funcionario dijo que fue el propio FCP, “en seguimiento de sus rigurosos protocolos de contratación”, quien descubrió los intentos de cuatro firmas para hacerse a la adjudicación de recursos en obras a ejecutarse en diversas zonas del país.

“El Fondo puso oportunamente en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, lo mismo que de los entes de control, las acciones irregulares detectadas en el seguimiento del proceso por parte del Comité Fiduciario del Fondo”, aclaró.

El consejero Archila insistió en que en el Fondo Colombia en Paz se toman medidas oportunas y acertadas para blindar la contracción.

Antecedentes

De acuerdo con el despacho, el 29 de marzo de 2019 el Fondo Colombia en Paz abrió la convocatoria para implementar la estrategia de obras regionales a través de la ejecución de actividades para fortalecimiento comunitario y de control social para proyectos en 115 municipios de 13 subregiones, por valor de $151.723 millones. Se trataba de ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución, precisa la Consejería Presidencial.

Y agrega que el 23 de abril se cerró la convocatoria, y el 21 de mayo siguiente se produjo la declaración de proceso fallido para las obras en Catatumbo y Pacífico-frontera nariñense, por falta de proponentes habilitados.

Mientras, “el 17 de julio el comité fiduciario del Fondo evidenció una presunta colusión (pacto contra terceros) entre posibles proponentes y adjudicatarios de obras en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de María, Sur de Bolívar y Urabá Antioqueño”, explica el despacho de Archila.

“Están conformados en total por cuatro firmas que se asocian de diferente manera, no incurriendo ninguna de ellas en participación de más de tres grupos, tal como lo establece el análisis preliminar. Presentan certificaciones de experiencia de contratos suscritos entre las mismas partes”, dice el concepto.

El 8 de agosto el Fondo denunció las supuestas irregularidades ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Luego, el 5 de noviembre y con base en un concepto jurídico requerido por el Fondo, se advirtió que “de distintas formas, a través de uniones temporales con distintas participaciones y de modo individual, cuatro  firmas se presentaron en seis de los 13 grupos regionales de la convocatoria”.

Hallazgos del documento:

“Las propuestas presentadas tienen numerosas similitudes, existiendo elementos indiciarios que permiten sospechar alguna coordinación entre los miembros, tales como la subcontratación y certificación de la experiencia entre los mismos integrantes; tres empresas tienen la misma dirección de domicilio principal; la presentación en formatos similares, casi idénticos, de las portadas de las ofertas y las tablas de contenido; presentación de pólizas de seguros, expedidas por la misma aseguradora, en la misma sucursal, en la misma fecha y con números consecutivos; presentación de ofertas a las distintas uniones temporales en horarios consecutivos, y la presentación de dictámenes de revisor fiscal con la misma fecha de elaboración, realizada por la misma revisora fiscal y los mismos errores ortográficos”.

Por último, la Consejería Presidencial aclara que el 14 de noviembre pasado se adjudicaron los contratos de las demás obras, para los cuales no se presentaron las cuatro empresas objeto de investigación.