Consolidar las bases de datos que permitan empezar a recopilar el ADN de los familiares de las víctimas de la Comuna 13, le solicitó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a la Alcaldía de Medellín.

La decisión se tomó en el marco de las medidas cautelares de protección que la JEP dictó sobre los cuerpos hallados en la Universidad de Antioquia.

A través de un comunicado, la JEP precisó que para lograrlo, los magistrados ordenaron consolidar los listados de los posibles muestradantes. Asimismo, la Alcaldía debe realizar reuniones de planeación con autoridades municipales, departamentales y víctimas que, además cuenten con la participación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBDP), además de convocar jornadas de toma de muestras tan pronto como la pandemia lo permita. Todo lo anterior con el fin de “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

De acuerdo con el Auto 119 de 2020, la Alcaldía de Medellín debe contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos. A través de esta vía el material genético se podrá someter a estudios forenses que inicialmente permitan cotejarlos con los 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

Por su parte, la JEP compartirá tanto la base de datos consolidada y actualizada hasta la fecha, así como la propuesta presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la UBPD.

A la fecha, la base de datos sobre la Comuna 13, cuenta con 459 posibles víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016, 327 de las cuales ya se tiene información completa o avanzada. Sin embargo, existen 612 casos adicionales aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre los que la información no ha sido completamente verificada, por lo que se calcula que en total serían 1.071 víctimas.

Del total de afectados, 195 habrían sufrido desaparición forzada durante los años 2002-2003, 91 durante el segundo semestre del 2002, los periodos más críticos. Esta situación coincide con graves alteraciones de orden público en el municipio.