En septiembre pasado, varios senadores de partidos de oposición al Gobierno Nacional presentaron un proyecto de ley con el fin de reformar algunos aspectos de la estructura de la Policía Nacional. 

Como respuesta, fue presentada una demanda en contra de estos senadores, la cual pedía su muerte política. De acuerdo con el documento presentado, los legisladores estaban supuestamente impedidos para promover el proyecto de ley porque habían sido miembros de algún grupo guerrillero o tuvieron familiares vinculados a estas agrupaciones. 

La demanda se refiere a los congresistas: Gustavo Petro, María José Pizarro e Inti Asprilla, a quienes se relaciona con el M-19; Antonio Sanguino,  a quien la demanda relaciona con el ELN y a Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Aida Avella, a quienes se les relaciona con las Farc. 

Sin embargo, este lunes, el Consejo de Estado tomó una decisión: no admitió para estudio de fondo la demanda. De acuerdo con el tribunal, la demanda de la pérdida de investidura, no cumple con los requisitos que establece la ley para pedir la muerte política de un congresista. 

“La mera afirmación del demandante no es suficiente, sino que requiere del agotamiento de una carga mínima de argumentación y prueba”,  señala el fallo.