El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 18 años y 3 meses de prisión contra Luis Carlos Sampayo Mejía, uno de los presuntos responsables de un millonario desfalco al magisterio en el departamento de Córdoba.
Según la investigación, Sampayo Mejía y otras personas formarían parte del denominado ‘cartel de las pensiones en Córdoba’ que mediante acciones fraudulentas cobró pensiones de forma irregular por más de $255 mil millones para docentes de esa región del país.
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Durante la etapa de juicio, la Fiscalía demostró que este hombre fingió ser abogado y, en asocio con otras personas, participó en la presentación de 51 demandas con las que obtuvieron reajustes pensionales a favor de profesores de Córdoba, que no cumplían los requisitos de ley.
El falso profesional del Derecho y sus cómplices soportaron las peticiones judiciales con documentos ilegales y recurrieron a otras maniobras ilícitas para que los jueces accedieran a sus pretensiones.
Este entramado de corrupción representó pérdidas para Colpensiones por $255 mil millones.
Sampayo Mejía fue encontrado responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso heterogéneo con prevaricato por acción y falsedad en documento público agravada. Al igual que la multa de 17 mil salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad de 194 meses para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía demostró que Sampayo Mejía no es abogado, como certificó el Consejo Superior de la Judicatura, y que estuvo involucrado en la falsificación en 5.530 documentos públicos y 1.218 documentos privados, con los que se soportaron las demandas de ajuste pensional contra la fiduciaria La Previsora S.A., el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En el camino irregular para lograr el desembolso de las pretensiones económicas fueron falsificados, entre muchos trámites y papeles, poderes de autenticación de las demandas de los profesores, firmas y sellos de la Secretaría de Educación de Córdoba, resoluciones de aprobación de ajustes pensionales y certificaciones del Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Córdoba, en las que supuestamente daba el visto bueno para que se cumplieran los pagos.