¿Qué pesa más: los asesinatos relacionados con el posconflicto o los decesos que se desprenden de la inseguridad ciudadana?

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Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, durante la Mesa por la Protección de la Vida, que se hizo en Puerto Asís, Putumayo, por convocatoria de la Procuraduría, la ministra del Interior, Alicia Arango, levantó una polvareda política cuando aseguró que "aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de los derechos humanos”.

“Hay que defender a los colombianos. Y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto”, expresó, anotando que “la mejor muestra que puedo dar es el interés que tenemos nosotros en protegerlos”.

Ayer, en entrevistas radiales, Arango se excusó “si alguien sintió que lo estaba ofendiendo, porque esa no era la idea. Me excuso, pero yo no me retracto, porque las cifras son esas y además la seguridad ciudadana también cuenta”.

Arango expresó que “a mí me da mucha pena, pero las dos son muertes violentas. Todos los muertos tienen que ser iguales. No puede haber muertos de primera y de segunda”.

Homicidios

Más allá de la anécdota, que ha servido para que gobiernistas y opositores se enfrenten en redes sociales, ¿cuál es el panorama de los homicidios ocasionados por la delincuencia común frente a los que se han producido en relación con el posconflicto?

En su último informe de Forensis para el 2018, Medicina Legal reseñó que en ese año el 42,18% de los homicidios de hombres fue consecuencia de la violencia interpersonal (por ajuste de cuentas, balas perdidas, ejercicio de actividades ilícitas, embriaguez, retención legal, riñas, entre otros casos), el 10,33% se debió a violencia sociopolítica (por acción de bandas criminales, grupos al margen de la ley alzados en armas u operaciones militares, así como agresión contra grupos marginales o descalificados, enfrentamiento armado, mina antipersona o munición sin explotar y retención ilegal) y el 10,12% obedeció a violencia económica (atraco callejero y hurto).

En el caso de las mujeres, los homicidios fueron registrados por Medicina Legal como violencia intrafamiliar en 28,47% de los casos, feminicidio en 19,06 %, violencia interpersonal en 15,84% y violencia económica en 6,68%.

Más del 70% en el caso de los hombres y más del 60% en el de las mujeres no cuentan con información respecto a la circunstancia del hecho.

El mecanismo causal más usado en la violencia letal es el proyectil de arma de fuego; este fue el causante de 548 asesinatos en mujeres, correspondiente al 52,90%, y de 8.146 homicidios en hombres correspondiente a un 73,66%.

El segundo mecanismo causal más usado para asesinar tanto a mujeres como a hombres es el cortopunzante, con porcentajes de 24,13% y 18,04% respectivamente.

676 personas asesinadas (641 hombres y 35 mujeres) fueron registradas como adictas a una droga natural o sintética; 314 hombres y 23 mujeres trabajaban en el campo; 180 hombres y 20 mujeres pertenecían a un grupo étnico; 154 hombres y 12 mujeres eran habitantes de la calle; 91 hombres y 8 mujeres estaban en condición de desplazamiento; 51 hombres y 1 mujer eran parte de grupos de reinsertados o desmovilizados.

Celulares

El informe no publicó información discriminada para los casos de violencia económica que permitan saber cuántas personas fueron asesinadas durante el robo de celulares. Sin embargo, cifras de la Policía Nacional señalan que en los primeros 22 días de 2020 se había reportado a las empresas de telefonía móvil el robo de 69.585 celulares, es decir, 3.162 cada día. De esa cifra solo el 11,7% de los ciudadanos (8.178) informó a las autoridades que fueron víctimas de ese delito.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación reportó que en 2019 se recibieron 99.954 denuncias por hurto de celulares, lo que representa un incremento del 15 % frente a los 86.749 casos que se reportaron en 2018. El mayor número de robos se hicieron en Bogotá, Medellín y Cali.

Líderes sociales

Aquellas personas catalogadas como líderes en diversos escenarios (cívicos, comunales, campesinos, indígenas, sociales, comunitarios, afrodescendientes, de víctimas y de movimientos políticos) suman 70 asesinatos, 59 de hombres y 11 de mujeres.

El Gobierno ha indicado que entre enero de 2016 y octubre de 2019 fueron reportados 322 casos de homicidio a líderes y defensores de derechos humanos, apelando a cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Entre el 1 enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019 el tipo de liderazgo más afectado es el de líderes comunales, con 112 casos de homicidios, lo cual representa el 34,7% del total. Le siguen 50 casos de líderes indígenas, con un 15,5% y 73 de líderes comunitarios, con 22,6%. El 7,4% lo representan los homicidios de líderes campesinos (24 casos); 2% de los homicidios corresponden a líderes de víctimas (7 casos) y 26% otros tipos de liderazgo (74 casos)”, informó la Casa de Nariño.

La Misión de Observación Electoral MOE, “desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 registró 549 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 125 (23%) fueron asesinados. Es decir que, en promedio, durante ese año cada tres días un líder fue asesinado en Colombia, mientras que cada día un líder era víctima de violencia política”.

Según la ONG, “hasta el 26 de febrero de 2020, se registraron 81 hechos de violencia política contra líderes políticos, sociales y comunales, siendo los más afectados los líderes sociales con 45 hechos (55,6%). En segundo lugar, están los líderes políticos con 27 hechos (33,3%), 17 de esos hechos son amenazas. Por último, 9 (11,1%) hechos violentos fueron contra líderes comunales.  Los hechos de violencia se han presentado en 50 municipios (4,5%) de 24 departamentos (72,7%)”.