El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle no se quedó callado frente a las investigaciones en curso y denunció por medio de redes sociales, lo que él llama una "guerra jurídica" contra su círculo cercano, esto, ante los pronunciamientos de la Procuraduría, imputaciones en la Fiscalía y señalamientos de irregularidades en la Contraloría.

Por medio de un trino por medio de su cuenta de X, Quintero expresó su preocupación y anunció medidas concretas en su petición: "pediremos a la CIDH medidas de protección para los miembros de Independientes y exfuncionarios de mi Gobierno que hoy soportan el asedio y la persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare".

La denuncia del exmandatario se centra en la supuesta parcialidad en el tratamiento de casos similares entre su administración y las anteriores: "contratos iguales, con procedimientos iguales, entre administraciones anteriores y la nuestra, reciben para ellos absoluciones y para los nuestros procesos jurídicos y hasta sanciones."

Quintero, además, anticipa su intervención ante instancias internacionales: "La justicia demora pero llega. Dios y tiempo", una estrategia que busca no solo visibilizar la situación, sino también obtener medidas que garanticen la integridad de aquellos que, según él, están siendo perseguidos.

La respuesta se encuentra en las recientes acciones de los organismos de control. La Procuraduría fijó la mirada en la Secretaría de Comunicaciones por presuntas irregularidades en millonarios contratos con la Universidad Nacional y Telemedellín.

La Fiscalía, por su parte, citó a imputación de cargos a exfuncionarios y contratistas por posibles delitos durante la pandemia, mientras que la Contraloría señaló supuestos detrimentos patrimoniales en el manejo de la caja menor del despacho del alcalde.

Quintero insiste en la selectividad de estas acciones, alegando que casos similares en administraciones previas no recibieron el mismo escrutinio. En este contexto, el exalcalde se prepara para enfrentar las instancias internacionales en busca de protección para aquellos que considera víctimas de una "guerra jurídica". La batalla legal apenas comienza, y la narrativa del exmandatario apunta a un presunto sesgo en el sistema judicial que solo el tiempo y la justicia internacional podrán esclarecer.