Cuatro puntos son claves para comprender lo que está pasando en Venezuela, al otro lado de la frontera que comparte con Colombia.

• Despliegue

Esta semana fuentes castrenses venezolanas informaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó nuevos efectivos en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en donde desde hace más de un mes se viene desarrollando la Operación Escudo Bolivariano para “combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos”.

El número de efectivos enviado a Apure en marzo nunca fue revelado, como tampoco el incremento de esta semana; igual misterio se cierne sobre las cifras reales de bajas, porque generalmente los reportes al respecto no informan ese dato, salvo el miércoles, cuando se dieron a conocer los nombres de ocho militares abatidos en estos combates, que se sumarían a otra cantidad igual detallada el 5 de abril, fecha en la que se anunció la muerte de nueve “terroristas”.

• Grupos armados

Las autoridades venezolanas evitan normalmente identificar a los grupos irregulares, más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al narcotráfico y al presidente Iván Duque.

La semana pasada, un informe de la ONG Crisis Group dijo que constató en el terreno que estos grupos incluyen al Eln y disidencias/reincidencias de las Farc, así como grupos criminales como los brasileños Família do Norte y Comando Vermelho.

Otra ONG que maneja detalles al respecto, Insight Crime, explicó que en Apure venía operando una alianza entre las disidencias del Frente 1 y el Frente 10, cuya articulación es producto de la estrategia de Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’; a la cabeza de las actividades de esa alianza estaría Noé Suárez, alias ‘Grannobles’, y detrás de él Jorge Eliécer Jiménez, alias ‘Arturo’, señalado de ser el enlace directo con la disidencia del Frente 1, bajo las órdenes de Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’. En estos grupos que no participaron de los acuerdos de La Habana están también los hombres comandados por Géner García, alias ‘John 40’, disidencia denominada Acacio Medina.

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A esas disidencias se sumó el grupo reincidente Segunda Marquetalia, liderado por Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’. Crisis Group señaló que “Segunda Marquetalia ha establecido alianzas con grupos con mayor influencia sobre el terreno en Venezuela”, una de ellas con la estructura Acacio Medina, que proporciona logística y recursos a esa facción y al Frente 1.

Aunque la cercanía de ‘John 40’ y ‘Grannobles’ con Segunda Marquetalia ha sido vista por algunos analistas como un cambio de bando en el enfrentamiento de ese grupo con los frentes 1 y 10, Crisis Group precisó que todos estos grupos están involucrados en negocios ilícitos similares (tráfico de drogas y minería ilegal de oro) y trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de seguridad.

“Las alianzas parecen depender más de las ganancias que de la ideología o la posición geopolítica”, sostuvo el informe de la ONG, agregando que “el gobierno de Caracas interviene en la región fronteriza cuando siente que sus intereses estratégicos están en juego”, de manera que “malentendidos, incursiones en territorios ajenos o la aparición de caras nuevas que intentan dejar su huella alterando entendimientos o dinámicas previas pueden fácilmente convertir la cooperación en una competencia violenta”.

En ese contexto, señaló que la ofensiva militar venezolana en Apure parece ser el resultado de las crecientes tensiones entre los militares y el Frente 10 “por la distribución de las ganancias ilícitas y el control territorial”, que se habría vuelto “demasiado ambicioso, no hizo los pagos requeridos a los militares y se convirtió en una piedra en el zapato de otros grupos armados no estatales que cuentan con un mayor respaldo en Caracas”.

Sobre el particular, Human Rights Watch (HRW) recogió información sobre el terreno que indica que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el gobierno de Maduro y que, para consolidar el control del tráfico de drogas, intentan eliminar al Frente 10, que sería su competencia. “Asimismo, los residentes manifestaron haber presenciado fricciones entre el Eln y grupos disidentes de las Farc por el control del área”, añadió la ONG.

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Sus investigaciones, apuntó HRW, “han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos”.

El martes, Freddy Superlano, diputado por Voluntad Popular de la Asamblea Nacional, alertó sobre la permisividad para que grupos irregulares colombianos delincan libremente en Venezuela, planteando que “este control del territorio por estos grupos irregulares fue cedido en el pasado por el propio régimen quien venía catalogándolos como ‘revolucionarios’ desde la época de Chávez y cuya política tuvo continuidad con Maduro en el poder”.

• Abusos

Si bien la FANB no ha dado detalles sobre la movilización en Apure, varias organizaciones aseguran que se habría desplegado allí un grupo élite de la policía, conocido como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que ha sido denunciada en varias ocasiones por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos debido a casos de ejecuciones extrajudiciales.

Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, “las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”.

En un informe de HRW que detalla con nombres propios, ubicación y fecha casos concretos de abusos cometidos en Apure, la ONG expresó que “son similares a otros que han cometido en forma sistemática las fuerzas de seguridad venezolanas”, observando que “entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad de Venezuela, incluyendo fuerzas policiales, mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta resistencia a la autoridad” y que “la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que las FAES eran responsables del 59% de todas las muertes causadas por las fuerzas de seguridad desde 2014”.

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• Veeduría global

La oposición venezolana le pidió esta semana a la ONU que envíe una misión al estado Apure, petición que extendió a otras entidades internacionales. Además, instaron al régimen de Maduro a "la implementación de una política de Estado fronteriza para que los conciudadanos se sientan seguros en su territorio" y no se vean forzados a migrar a Colombia.

En su informe, HRW le recomendó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela “analizar de forma oportuna las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia de género perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas en Apure”, así como “la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en estos abusos, y de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado abusos o podrían tener responsabilidad por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus abusos”.