Un informe de las acciones investigativas y judiciales desarrolladas por la Fiscalía frente a los hechos ocurridos con ocasión de las manifestaciones que se registra en el país desde el pasado 28 de abril presentó está entidad a la comunidad internacional en una series de reuniones.
El fiscal general, Francisco Barbosa, sostuvo dichos encuentros con el delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA, Roberto Menéndez; el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu; y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.
Igualmente, el jefe del ente acusador se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.
En ese sentido, Barbosa le reiteró su reconocimiento al derecho de los ciudadanos de manifestarse a la comunidad internacional, sin embargo, cumple su competencia constitucional, así como las obligaciones internacionales en el marco del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos.
"Esta es una entidad autónoma e independiente en la Rama Judicial, que tiene como función investigar y acusar a los presuntos responsables de estos hechos", enfatizó el fiscal refiriéndose a los actos delictivos que se han registrado en el marco de las protestas.
Por lo tanto, en el informe se destacaron fiscales con dedicación exclusiva para las investigaciones priorizadas como:
1. El caso de la menor de edad que murió Popayán, en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública.
2. Los 15 homicidios en los que se determinó que tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira, Risaralda.
3. Los 7 casos registrados en Cali, en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.
De igual manera, se puso en conocimiento de la comunidad internacional las actividades desplegadas en cuanto al abordaje de los reportes de personas desaparecidas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en el marco de las manifestaciones, con las cuales se ha logrado localizar a 261 personas.
A su vez, se refirió a los hechos sucedidos en Popayán, donde un grupo de personas vandalizó y saqueó una URI de la Fiscalía, con los cuales Barbosa señaló que también se atentó contra a los ciudadanos, en el entendido de que se ponen en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
"Si Fiscalía no puede investigar, ¿Qué garantía tiene la protesta social? Al atacar las instalaciones de Fiscalía y destruir material probatorio se atenta contra derechos humanos porque impide el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia", indicó Barbosa.
Finalmente, se destacó la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de las agresiones sexuales cometidas en el marco de la protesta, por lo cual, se conformará el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que Afectan a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes.
Este tiene como objetivo hacer seguimiento a las denuncias, investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra esta población y que las mujeres puedan reportar las agresiones sufridas en el marco de las protestas.